Durango, Dgo.— De cara al proceso electoral de 2027, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) advirtió que la competencia política estará acompañada de nuevos desafíos, entre ellos el uso de inteligencia artificial, la violencia política y la necesidad de garantizar los derechos político-electorales de la ciudadanía.
Durante una conferencia magistral en la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima, el magistrado presidente del TEPJF, Gilberto Bátiz García, sostuvo que el voto y el derecho, y nunca la fuerza, deben ser los mecanismos para resolver las disputas democráticas.
El señalamiento adquiere relevancia para Durango, donde ya se encuentra en marcha la preparación del proceso electoral local 2026-2027. El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango (IEPC) aprobó el calendario correspondiente, mediante el cual se renovará la integración del Congreso del Estado.
A nivel nacional, Bátiz García explicó que las elecciones de 2027 representarán una importante prueba para las instituciones democráticas, ante una competencia política intensa y una mayor utilización de nuevas tecnologías. Entre los posibles conflictos mencionó candidaturas, paridad, acciones afirmativas, fiscalización, propaganda, violencia política, resultados y representación proporcional.
En el caso de Durango, el IEPC ya trabaja en aspectos relacionados con el proceso electoral local, incluyendo lineamientos para el registro de candidaturas y la preparación de los órganos electorales municipales.
Inteligencia artificial, otro reto para Durango
El presidente del TEPJF también alertó sobre el impacto que tendrá la inteligencia artificial en las próximas elecciones, debido a su capacidad para generar rápidamente textos, imágenes, voces y videos con gran nivel de realismo.
El reto, señaló, será proteger la integridad de la competencia electoral sin limitar la libertad de expresión, particularmente ante la velocidad con la que pueden difundirse contenidos manipulados.
Otro de los riesgos señalados fue la violencia, al considerar que puede afectar quién participa en una elección, quién compite y hasta dónde puede ejercerse el derecho al voto.
Bátiz García informó además que entre enero de 2025 y agosto de 2026 la Sala Superior resolvió 15 mil 711 medios de impugnación relacionados con grupos en situación de vulnerabilidad, entre ellos pueblos y comunidades indígenas, mujeres, personas con discapacidad, juventudes, migrantes y personas de la diversidad sexual.
Finalmente, sostuvo que las autoridades electorales deberán llegar preparadas a 2027, resolver las controversias con independencia y mantener abiertos los canales institucionales para que el voto y el derecho sean los que ordenen la disputa democrática.
