Durango, Dgo.-Cientos de planteles educativos ubicados en comunidades rurales y ejidos de Durango podrían beneficiarse con un nuevo convenio firmado entre la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), cuyo objetivo es brindar certeza jurídica a las escuelas construidas en terrenos de propiedad social.
El acuerdo permitirá regularizar la tenencia de la tierra de planteles públicos de educación básica, media superior y superior que fueron edificados en zonas ejidales o rurales, una situación que durante años ha impedido que algunas escuelas puedan acceder a recursos federales para infraestructura, ampliaciones o programas de apoyo.
Durante la firma del convenio, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, señaló que contar con certeza jurídica sobre los terrenos facilitará que los planteles puedan recibir recursos de programas como La Escuela es Nuestra, además de nuevas inversiones para mejorar la infraestructura educativa.
En Durango existen decenas de comunidades rurales y ejidos donde operan escuelas de educación básica y media superior, principalmente en municipios como Mezquital, Pueblo Nuevo, San Dimas, Tamazula, Topia, Tepehuanes, Guanaceví, Ocampo, Canelas, Santiago Papasquiaro, El Oro, Mapimí, Tlahualilo e Indé.
En muchas de estas localidades, los planteles fueron construidos hace décadas sobre terrenos ejidales o comunales, por lo que la falta de regularización jurídica ha dificultado la ejecución de obras, ampliaciones o inversiones federales.
La titular de la Sedatu, Edna Elena Vega Rangel, explicó que el convenio representa un paso importante para resolver la situación patrimonial de estos inmuebles educativos y fortalecer la planeación territorial, además de proteger el patrimonio de las comunidades.
Por su parte, la Procuraduría Agraria y el Registro Agrario Nacional participarán en el proceso de regularización mediante asesoría jurídica, integración de expedientes e inscripción de los actos necesarios para otorgar certeza legal a los predios donde operan las escuelas públicas.
Especialistas en educación consideran que esta estrategia podría representar una oportunidad para Durango, ya que permitirá que más planteles rurales puedan acceder a programas de rehabilitación, mantenimiento y construcción de aulas, beneficiando a miles de estudiantes que viven en comunidades alejadas del estado.
Las autoridades federales señalaron que el convenio establece una ruta de coordinación entre la SEP, Sedatu, la Procuraduría Agraria y el Registro Agrario Nacional para garantizar que las escuelas asentadas en ejidos y comunidades cuenten con seguridad jurídica y puedan seguir fortaleciendo el derecho a la educación.
