Durango, Dgo.– Alrededor de 25 personas, entre maestros jubilados y familiares de docentes fallecidos, buscan una respuesta por la falta de pago de seguros de vida correspondientes al personal del Sistema Educativo Estatal, por lo que solicitaron la intervención de la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos, capítulo Durango.
Los afectados señalaron que existen casos de docentes que fallecieron y cuyos beneficiarios no han podido cobrar las cantidades correspondientes al seguro institucional. De acuerdo con los testimonios compartidos, algunos reclamos involucran a familias que perdieron a sus padres, ambos trabajadores de la educación, en 2020 y 2022, así como a beneficiarios de maestras fallecidas durante 2025.
Ante esta situación, el grupo acudió con el comisionado presidente de dicho organismo en Durango, el licenciado Sergio Antonio Galán Aguilera, para recibir representación y acompañamiento en las gestiones relacionadas con el reclamo.
Como parte de la documentación presentada se encuentra una carta de Seguros Argos, fechada el 21 de septiembre de 2026, en la que la compañía informa que no procede una solicitud de pago por fallecimiento, debido a que la póliza correspondiente a 2025 no fue emitida por esa aseguradora.
En el mismo documento, la empresa señala que el Gobierno del Estado de Durango contaba con la póliza número 4021-1990-1, correspondiente al ejercicio fiscal 2024, pero que dejó de recibir el pago de las primas en abril de ese año. Por esa razón, sostiene que los derechos derivados de dicha póliza cesaron a partir de ese momento, con fundamento en el artículo 40 citado en la carta.
Por otra parte, un acta de presentación y apertura de propuestas de la licitación pública LP/E/SEED/003/2024, realizada el 22 de marzo de 2024 por la Secretaría de Educación del Estado de Durango (SEED), documenta el procedimiento para adquirir el seguro colectivo de vida del personal activo y jubilado del magisterio estatal.
En ese documento aparece Seguros Argos como participante y se registra una propuesta económica por 41 millones 877 mil pesos para el personal activo y 9 millones 823 mil pesos para el personal jubilado, con un total de 51 millones 700 mil pesos. El acta precisa que la propuesta fue recibida para su análisis.
Los afectados aseguran que los montos reclamados rondan los 140 mil pesos por persona y manifiestan su inconformidad por las dificultades que han enfrentado para obtener el pago. También señalan presuntas complicaciones en la recepción y seguimiento de documentos originales entregados para integrar los expedientes.
La documentación exhibida y los testimonios plantean cuestionamientos sobre la vigencia de las coberturas, el pago de las primas y la situación de los beneficiarios de docentes fallecidos. Por ello, los afectados buscan que las autoridades educativas y la aseguradora aclaren las condiciones de las pólizas y el estado de cada solicitud.
Hasta el momento, los documentos proporcionados no permiten establecer cuántos beneficiarios tienen un reclamo pendiente ni si todos los casos corresponden al mismo contrato o periodo de cobertura.
