Mientras autoridades y empresarios celebran la llegada de Fermachem, un sector de la sociedad se pregunta si el desarrollo industrial puede convivir con uno de los ecosistemas más importantes de la Comarca Lagunera.
La construcción de la planta de fertilizantes Fermachem en el municipio de Lerdo genera expectativas económicas por la promesa de empleos e inversión, pero también ha despertado una creciente movilización ciudadana en defensa del Cañón de Fernández y del Río Nazas.
Y es que cuando se trata de áreas naturales protegidas, la historia ha demostrado que las preguntas deben hacerse antes y no cuando el daño es irreversible.
El Cañón de Fernández no es un espacio cualquiera. Es un refugio de flora y fauna, un pulmón natural para la región y parte del patrimonio ambiental y cultural de Durango. Su conservación resulta fundamental para el equilibrio ecológico de la Comarca Lagunera y para las comunidades que dependen del Río Nazas.
Fermachem, por su parte, es un proyecto industrial destinado a producir fertilizantes nitrogenados para el campo mexicano. La empresa ha informado que utilizará tecnología de última generación, agua tratada, sistemas propios de energía y procesos de captura de dióxido de carbono como parte de sus medidas ambientales.
Sin embargo, la propia naturaleza de una planta petroquímica implica el manejo de sustancias como el amoníaco y grandes procesos industriales, lo que ha provocado inquietud entre habitantes y organizaciones ambientalistas.
En redes sociales circulan llamados para exigir que las autoridades realicen evaluaciones ambientales rigurosas e independientes. Algunos ciudadanos incluso recuerdan incidentes industriales ocurridos en otras partes del país y piden que Durango no tenga que aprender mediante una tragedia ambiental.
Hasta el momento, no existe evidencia pública que permita afirmar que el Cañón de Fernández será destruido o que el Río Nazas vaya a contaminarse inevitablemente por este proyecto.
La discusión no debería centrarse entre estar a favor o en contra del desarrollo económico. El verdadero debate es si el crecimiento puede realizarse sin comprometer los recursos naturales.
Los empleos son importantes. La inversión es necesaria. Pero también lo es el agua que llega a las comunidades, la biodiversidad que habita en el Cañón de Fernández y el derecho de las futuras generaciones a disfrutar de un entorno sano.
La experiencia nacional ha enseñado que reparar un ecosistema dañado cuesta mucho más que prevenir una afectación. Un bosque puede tardar décadas en recuperarse. Un río contaminado puede afectar a miles de familias durante generaciones.
Por ello, el llamado de diversos sectores sociales no es necesariamente detener el desarrollo, sino garantizar que cualquier proyecto industrial cumpla con los más altos estándares ambientales, que exista total transparencia sobre sus impactos y que las autoridades ejerzan una vigilancia permanente.
Porque una fábrica puede construirse en muchos lugares. Un ecosistema como el Cañón de Fernández, una vez perdido, difícilmente puede recuperarse.
