Durango, Dgo.— La muerte de María Alejandra Quiñones Ramírez, la joven de 19 años que perdió la vida tras ser arrollada mientras circulaba en bicicleta, abrió ahora un nuevo reclamo de su familia: ¿la justicia se está aplicando de la misma manera para todos?
Iris MRa, quien se identificó públicamente como prima de María Alejandra, difundió un mensaje en el que expresó el dolor de su familia, pero también su indignación luego de conocer que el imputado relacionado con la muerte de la joven podrá enfrentar el proceso penal en libertad, sujeto a las medidas determinadas por el juez.
“Nos indigna y nos duele profundamente”, señaló la familiar, quien aseguró que dentro de la investigación existen testigos y videos de cámaras de seguridad, elementos que, sostiene, deberán ser analizados para esclarecer completamente lo ocurrido.
La familia pide que la investigación se realice con seriedad, transparencia y privilegiando los derechos de la víctima.
Pero Iris puso sobre la mesa otro caso que, aunque jurídicamente es distinto, utiliza para cuestionar lo que considera un trato desigual dentro del sistema de justicia.
Se trata de su esposo, Mario Alberto Carrillo Sánchez, quien, según su publicación, lleva cinco meses bajo prisión preventiva mientras enfrenta un proceso por presuntas amenazas contra una presidenta municipal.
Iris señala que su esposo niega dichas acusaciones y cuestiona que permanezca privado de su libertad mientras no exista una sentencia que determine su responsabilidad.
Es precisamente la comparación entre ambos procesos la que detonó su reclamo público.
“¿Cómo puede una persona permanecer meses en prisión preventiva mientras enfrenta una acusación que aún debe probarse, mientras que en otro caso donde una persona perdió la vida se permite que el imputado lleve su proceso en libertad?”, cuestionó.
Debe precisarse que se trata de procedimientos distintos y que las medidas cautelares no se determinan únicamente por la gravedad que socialmente pueda atribuirse a un hecho. La clasificación jurídica del delito, las circunstancias particulares del caso y los criterios establecidos por la legislación son elementos que el juez debe considerar al determinar si una persona enfrenta su proceso privada de la libertad o bajo otras medidas cautelares.
Sin embargo, para la familia, esa explicación jurídica no elimina una pregunta que ahora llevan al debate público: ¿la justicia está funcionando de manera equitativa?
Iris asegura que no buscan privilegios ni impunidad para ninguna de las personas involucradas.
“No estamos pidiendo privilegios para nadie. Estamos pidiendo justicia y que la ley se aplique de manera igual para todos”, expresó.
También cuestionó el uso de la prisión preventiva como una medida que, desde su perspectiva, puede terminar convirtiéndose en una especie de condena anticipada para una persona que todavía no ha recibido sentencia.
Mientras tanto, la familia de María Alejandra mantiene su exigencia de que su muerte no termine convertida únicamente en otro expediente judicial.
El caso de la joven de 19 años ha provocado indignación desde que se conocieron las circunstancias del hecho y, particularmente, las versiones sobre dos vehículos deportivos que presuntamente circulaban a alta velocidad cuando ocurrió el fatal incidente.
Ahora, la decisión judicial de permitir que el imputado continúe su proceso fuera de prisión abre un nuevo capítulo.
Para Iris y su familia, detrás de dos expedientes completamente diferentes existe una misma exigencia:
“Por Ale, por Mario y por todas las familias que esperan justicia. ¡Queremos justicia, no privilegios!”
