Los eternos desplazados de la ciudad libia de Tawergha

Mohamed Abdel Kader

Trípoli, 12 ago (EFE).- Después de que un grupo de milicianos de la brigada Ghnewa desalojara por la fuerza el pasado viernes el campamento de desplazados internos de Tariq Al-Mattar (Trípoli), 500 familias originarias de Tawergha, a 300 kilómetros de la capital libia, se han visto de nuevo sin hogar, por segunda vez en siete años.

Según las organizaciones por los derechos humanos presentes en el país, el ataque sería una represalia tras un altercado violento que tuvo lugar entre varios jóvenes del campamento y durante el cual un miembro de dicha milicia perdió la vida.

Este campamento, instalado desde el pasado mes de febrero junto a la carretera del aeropuerto de la capital libia, acogía a cerca de 2.000 desplazados y ya ha sido anteriormente escenario de numerosos abusos.

En los últimos días, la milicia Ghnewa, leal al Gobierno de Unión Nacional, sostenido por Naciones Unidas, detuvo a más de 70 civiles, algunos de ellos menores, acusados de “actividades criminales”.

Según la Asociación de Familias de Mártires, Personas Desaparecidas, Detenidos y Víctimas de Tawergha, 60 hombres armados y 20 vehículos perpetraron un ataque armado “disparando indiscriminadamente e inspeccionando el campamento para robar sus pertenencias”.

Por su parte, el ayuntamiento del municipio de Abu Salim, cercano al campamento, declaró que la “evacuación” de los civiles era una medida “necesaria” y que se tomó en base a informes oficiales que confirmaban que “algunos de sus habitantes son una amenaza” para la seguridad de esta zona, situada al este de Trípoli.

La Misión de Apoyo de las Naciones Unidas en Libia (UNSMIL) condenó ese mismo día el desalojo “forzoso” e instó a las autoridades a proporcionar refugio y protección a los desplazados internos, liberar a los detenidos arbitrariamente y llevar ante la Justicia a los sospechosos de crímenes.

“Entrar en un campo de desplazados mientras la gente duerme, demoler sus hogares y obligarles a huir, dejándolos sin hogar, viola su dignidad y su derecho a recibir protección en virtud del Derecho Humano Internacional”, aseguró el enviado de Naciones Unidas para Libia, Ghassan Salamé, en un comunicado.

Para la directora de campañas de Amnistía Internacional para el Norte de África, Najia Bounaim, “este aborrecible ataque demuestra el nivel de intimidación y castigo colectivo impuesto por las milicias contra las personas desplazadas en el campamento”.

“El ambiente de impunidad que el gobierno libio ha fomentado está alentando a las milicias para salirse con la suya con estos terribles abusos (…). Las autoridades deben tomar medidas serias para restablecer el poder judicial y desarmar y desmovilizar a las milicias y hacer rendir cuentas a los responsables”, agregó en un comunicado.

Asimismo, pidió al gobierno garantizar el regreso seguro “monitoreando el proceso de retorno, rehabilitación de hogares, escuelas y la infraestructura de la ciudad”.

Sin embargo, el Comité Nacional de Derechos Humanos de Libia declaró que la ciudad todavía no está preparada para acoger a los miles de desplazados, ya que aún necesita una reconstrucción, por lo que la mayoría se han visto obligados a partir de nuevo hacia pequeñas aldeas cercanas al desierto.

El pasado mes de junio, las ciudades de Misrata y Tawergha, a tan sólo 40 kilómetros de distancia, firmaron un acuerdo de paz que permitiría el retorno definitivo de los 40.000 civiles expulsados de Tawergha como castigo colectivo por su presunto apoyo al fallecido dictador Muamar al Gadafi durante la revolución de 2011.

Este acuerdo de paz se presentó como una nueva oportunidad de reconciliación entre las dos ciudades-estado rivales, las más importantes del oeste del país, y el pacto fue aplaudido por el gran muftí libio, Sadiq al Ghariani.

Mientras Misrata lideró las fuerzas rebeldes durante la revolución, Tawergha sirvió de muro de contención contra los rebeldes misratíes, apoyados por sus aliados de Bengasi y la comunidad internacional, para impedir su avance hacia la capital.

Por ello, Tawergha fue acusada de relacionarse con grupos salafistas radicales y de albergar a antiguos miembros de la cúpula gadafista, y su población fue forzada a instalarse en campamentos improvisados a lo largo del país.

El retorno de los desplazados ya había sido anunciado en diciembre pasado por el Gobierno de Trípoli y estaba programado para el 1 de febrero, pero fue reprimido por grupos armados de Misrata que impidieron la entrada de la caravana en la ciudad. EFE