Magistrado libera a presidente regional de GE preso por corrupción en Brasil

Diario Correo

Río de Janeiro, 8 ago (EFE).- Un magistrado de la Corte Suprema concedió hoy la libertad a tres investigados por su participación en un cartel que defraudaba contratos en el sector salud en Río de Janeiro, entre ellos el actual presidente de la General Electric (GE) para Latinoamérica, informaron hoy fuentes oficiales.

La decisión del magistrado Gilmar Mendes beneficia a Daurio Speranzini Junior, presidente de General Electric para Latinoamérica y exejecutivo de Philips, y a los empresarios Miguel Iskin y Gustavo Stellita.

El magistrado decidió conceder la libertad a los empresarios Iskin y Stellita, por considerar que no había fundamento para mantenerlos en prisión preventiva, y a Speranzini Junior, porque el ejecutivo no dirige más a Philips (la empresa implicada en el escándalo), “y es el actual CEO de la General Electric, empresa que no es investigada en el marco de la operación”.

“Si Philips es la investigada, y el acusado ya no es su CEO, no quedó demostrado en la orden de prisión cómo el acusado conseguía dar continuidad, hasta los días actuales, a las supuestas irregularidades practicadas en el ámbito de la empresa de la que ya se había retirado”, precisó.

Aunque el magistrado los dejó en libertad, los tres ejecutivos deberán cumplir las medidas restrictivas de no mantener contacto con los demás investigados y abandonar el país.

Los tres ejecutivos fueron arrestados por la Policía Federal en julio durante la Operación Resonancia, un desdoblamiento de la Operación Lava Jato, con la que se desarticuló un cartel dedicado a la defraudación en licitaciones para el suministro de equipamientos médicos y materiales hospitalarios en Río de Janeiro y con la que se desviaron dineros por más de 600 millones de reales (unos 162 millones de dólares).

Según medios locales, tanto el presidente de General Electric, como los otros dos empresarios están en una lista de 23 personas que fueron denunciadas este miércoles por la Fiscalía General por su vinculación con el cartel de defraudación de contratos del sector salud, hecho por el cual el ministerio Público pidió mantener para ellos la medida de prisión preventiva. EFE