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Marruecos: Un código penal lleno de pecados

Javier Otazu

Rabat, 30 sep (EFE).- El juicio contra la periodista Hajar Raissouni, condenada hoy a un año de prisión por haber mantenido relaciones extramaritales y haberse sometido a un aborto, ha vuelto a poner sobre la mesa el enorme peso de la religión en el Código Penal marroquí.

El Código Penal marroquí, que data en gran medida de la época colonial francesa (que terminó en 1956), contiene numerosos artículos que castigan comportamientos considerados ilícitos por la religión, como el adulterio, el aborto, la homosexualidad, la no observancia del ayuno en ramadán o el proselitismo para cambiar de fe.

El pasado 2018, 14.503 personas fueron perseguidas por haber mantenido relaciones sexuales sin estar casadas, 3.048 fueron juzgadas por adulterio y 170 por homosexualidad. Muchos de estos casos se juzgan y resuelven con gran discreción, fuera del foco mediático.

Hay además otros conceptos como “atentado contra el pudor”, “incitación al libertinaje” o “pérdida de la virginidad” también presentes en el Código Penal y que se aplican con mayor o menor rigor según, en muchas ocasiones, el talante de los jueces.

En los últimos años, todos estos delitos cargados de consideraciones morales están cada vez más en el debate público, al hilo de una sociedad que ha cambiado radicalmente en los últimos cincuenta años en su estructura social.

Según el organismo estadístico oficial Alto Comisariado del Plan, la tasa de urbanización en Marruecos se ha duplicado en medio siglo (del 30% en 1962 al 62% en 2019) y la fecundidad ha bajado de los siete hijos por mujer a los 2,2, a niveles casi europeos.

Estos cambios demográficos han traído al mismo tiempo un cambio en los comportamientos sociales y familiares, posibilitando un mayor contacto entre hombres y mujeres fuera del ámbito familiar y generando de paso una mayor conflictividad en todos estos delitos relacionados con la moral pública.

Pero la demografía no lo explica todo: junto a estos cambios, se ha producido el ascenso de una corriente política, el islamismo moderado, que no contesta en absoluto la estructura del poder ni el dominio del rey, pero ha hecho de la moralidad y los valores su campo de batalla.

El Partido Justicia y Desarrollo (PJD), cercano a los Hermanos Musulmanes egipcios y a su homónimo turco, ha ganado las dos últimas elecciones en Marruecos, en 2011 y en 2016, y encabeza los distintos gobiernos desde 2012.

Es precisamente en estos últimos años de “gobiernos PJD” cuando con más crudeza se han planteado los debates por las libertades individuales y los derechos de las mujeres en general, y el PJD ha encabezado sistemáticamente las posiciones más conservadoras, atribuyéndose una especie de portavocía de la “mayoría silenciosa” en el país.

Todo intento de derogar ciertas leyes del Código Penal (o las del Código de Familia, como las que permiten la poligamia o el matrimonio de menores) ha contado con la feroz oposición de los diputados del PJD, que suelen invocar el respeto a la sociedad marroquí y sus tradiciones para oponerse a los cambios.

Hay que decir -y esto lo repiten con frecuencia las organizaciones feministas- que los partidos que se dicen “progresistas” o “laicos”- tampoco han puesto en sus prioridades la defensa de las libertades ni los derechos de la mujer, por lo que los debates para reformar el Código Penal se posponen una y otra vez.

El paso del PJD por el gobierno ha moderado relativamente su rigor moralista, y no es raro escuchar a ministros islamistas decir que comportamientos como la homosexualidad o la no observancia del ramadán no tienen por qué ser perseguidos, siempre que los pecadores actúen con discreción y no en público.

Pero de ahí a querer cambiar las leyes, va un largo trecho.

Hace una semana, un grupo de militantes feministas lanzó un manifiesto titulado “Estamos fuera de la ley” que exigía un cambio de los textos legislativos para despenalizar el sexo extramarital y el aborto: “Nosotros, ciudadanos y ciudadanas marroquíes, declaramos estar fuera de la ley. Violamos leyes injustas y obsoletas que no tienen razón de ser”, decía el manifiesto, que ya tiene 8000 firmas.

En 1976, recién muerto el dictador español Francisco Franco, un grupo de mujeres salió a la calle en Barcelona con una pancarta que hizo historia: “Yo también soy adúltera”. Dos años después, el adulterio desaparecía del Código Penal español.

Cuarenta años después, el debate se reproduce en el país vecino. Con una pequeña diferencia: Esta vez no es en la calle, sino en las redes sociales. EFE
Imagen: Público