Movimientos sociales advierten “temible aparato de espionaje” en Nicaragua

Managua, 12 oct (EFE).- Varios movimientos sociales y organismos cívicos nicaragüenses denunciaron hoy que el Gobierno del presidente Daniel Ortega conformó un “temible aparato de espionaje político y financiero” ante la crisis sociopolítica en el país, que ha dejado cientos de muertos desde abril.

“La dictadura de los Ortega-Murillo ha completado la instauración en Nicaragua de un enorme sistema policial y de espionaje similar al de un Estado fascista, contra la ciudadanía, los organismos no gubernamentales y la empresa privada”, afirmó la Articulación de Movimientos Sociales y Organizaciones de la Sociedad Civil en una declaración.

Esta llamada Articulación, forma parte de la Unidad Nacional Azul y Blanco, que aglutina a diversos sectores nicaragüenses que piden la renuncia del presidente Ortega.

Su denuncia se produce en referencia a la publicación el pasado 3 de octubre de los reglamentos de las reformas Ley de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y Ley contra el Lavado de Activos, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

Para la Articulación, esos cambios legislativos “violentan varios artículos de la Constitución Política”.

La UAF tiene acceso a los datos personales, movimientos salariales de trabajadores y empleadores, e información de las ONG y de las empresas y podrá actuar de forma discrecional y sin ningún control, advirtió ese grupo.

“Esta súper institución de espionaje político no queda obligada por ley ni por reglamento a informar previamente a las personas o empresas que sus datos serán revisados cuando al órgano quiera, por ser sospechosa o investigada por el delito de lavado o financiamiento al terrorismo”, alertó.

Por tanto, a juicio de esos movimientos, “con los reglamentos decretados por la dictadura orteguista, se amenaza la estabilidad de la libre empresa, ya que la UAF puede cerrar todo negocio de manera temporal o definitiva cuando considere que ha incumplido con las normas de prevención o sospeche que está relacionado con el delito del narcotráfico”.

Asimismo, alertó que la UAF “tiene tal poder, que podrá detener las operaciones de bancos, financieras, correduría de seguros, comercializadoras de vehículos, empresas de remesas, joyerías, y organizaciones no gubernamentales, entre otras”.

“La dictadura le confiere a la UAF la potestad inconstitucional de violar el sigilo bancario al tener acceso directo a los datos de los usuarios de los bancos a través de la Central de Riesgo de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras. Todo esto crea también una gran incertidumbre e inseguridad jurídica para cualquier inversionista”, anotó.

Para esos movimientos, el Gobierno ha conformado un “temible aparato policial y de espionaje político llamado Sistema Nacional de Seguridad Soberana establecido en la Ley de Seguridad Soberana”.

La Corte Suprema de Justicia de Nicaragua admitió el jueves un recurso por inconstitucionalidad contra esa Ley que penaliza el lavado de activos, la financiación al terrorismo y a la proliferación de armas de destrucción masiva, según informó el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez, que interpuso el recurso.

Nicaragua vive una crisis social y política que ha generado protestas contra el Gobierno de Ortega y un saldo de entre 322 y 512 muertos, según organismos de Derechos Humanos locales y extranjeros, mientras que el Ejecutivo cifra en 199 los fallecidos.

Las manifestaciones contra Ortega comenzaron el 18 de abril pasado por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia del mandatario, después de 11 años en el poder. EFE