Muere ganado por ingesta de basura

  • Registra Procuraduría Agraria más de 400 conflictos

Por: Andrei Maldonado

Pedro Silerio García, titular de la Procuraduría Agraria en Durango, señaló que actualmente se encuentran activos más de 400 conflictos en todo el estado por muerte de ganado por ingesta de basura, derivada del mal manejo de los tiraderos y rellenos sanitarios en los municipios.

Indicó que la mayoría de los residuos sólidos en las cabeceras municipales y las comunidades de mayor tamaño en cada municipio se tiran de manera anárquica sin llevar a cabo acciones de compactación, por lo que contaminan los suelos agrícolas, ganaderos y forestales, imposibilitando la buena siembra para la agricultura y la muerte de ganado cuando se ingieren los plásticos.

En ese sentido el funcionario federal aseveró que existen denuncias por estos actos en los 39 municipios del estado no solo por la muerte de reses sino también por las emisiones de gases contaminantes tras las quemas de basura, mismas que causan incendios; “lamentablemente todavía hay mucha desorganización en ese tema en la mayoría de los municipios, incluida la capital”, dijo.

Expresó que de acuerdo a la normativa los encargados de los rellenos sanitarios o tiraderos de basura no solo deben cercar con alambre sus terrenos, sino que deben ser bardeados para evitar que los vientos lleven la basura hasta las propiedades ejidales, sin embargo son muy pocos los sitios donde se destina la basura que cumplen al cien por ciento con la normativa establecida.

Aseveró que también se ha atendido por parte de la Procuraduría controversias agrarias debido a la compra de terrenos para construir rellenos sanitarios, pues muchas de estas se realizan por parte de los ayuntamientos sin contemplar a asambleas agrarias, por lo que después se pierde lo invertido como ocurrió en Canatlán, donde se perdieron 4 millones de pesos.

Silerio García manifestó que la forma en que la instancia a su cargo busca dirimir este tipo de conflictos es por medio de la conciliación entre las partes, que suelen ser el Ayuntamiento como la primera instancia de gobierno y los ejidos o asambleas, y en caso de no encontrar solución se pasa a una demanda ante los juzgados federales competentes del orden penal y medioambiental.