Durango, Dgo.-
El ejercicio periodístico en Durango enfrenta un panorama adverso marcado por la estigmatización, las amenazas y el uso indebido del aparato judicial, advirtieron organizaciones nacionales e internacionales durante el Segundo Encuentro de la Red Nacional de Mecanismos de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, celebrado en esta ciudad capital.
El foro, que reunió a representantes de mecanismos de protección de diversas entidades federativas, contó con la participación de organismos de peso global como Artículo 19, ONU México, CIMAC y Espacio OSC, quienes expusieron la urgencia de frenar las agresiones contra los comunicadores.
Pedro Cárdenas, representante de la organización internacional Artículo 19, encendió las alertas al señalar que en Durango se han detectado condiciones altamente preocupantes para el desarrollo de la labor informativa.
El activista subrayó que uno de los “focos rojos” en la entidad es el hostigamiento sistemático que proviene desde las esferas de poder, manifestado en el uso faccioso de las leyes.
“Se ha identificado la utilización de recursos legales o procesos judiciales contra comunicadores, una situación que se convierte en un mecanismo directo de presión e intimidación para quienes ejercen labores informativas”, afirmó Cárdenas.
Durante su intervención, el representante de Artículo 19 detalló que la organización mantiene un monitoreo constante sobre diversos indicadores de riesgo para defensores y periodistas, entre los que destacan:
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Violencia física y letal.
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Restricciones y ataques en el entorno digital.
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Estigmatización y discursos públicos adversos a la libertad de expresión.
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Uso indebido y abusivo del poder público.
Para ejemplificar la gravedad de la situación que atraviesa el gremio, Cárdenas recordó el asesinato del comunicador independiente Miguel Ángel Beltrán, perpetrado en octubre del año pasado. Este crimen, sentenció, es el reflejo de que la violencia letal contra la prensa sigue siendo una herida abierta en el país.
A nivel macro, el panorama no es alentador. Se advirtió que México permanece estancado como uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo, agravado por el hecho de que una proporción mayoritaria de las agresiones documentadas mantiene algún grado de vinculación con autoridades gubernamentales.
El encuentro concluyó con un llamado enérgico y un consenso entre los asistentes: es imperativo fortalecer los mecanismos de protección —tanto a nivel estatal como federal— y generar acciones coordinadas genuinas entre la sociedad civil y los gobiernos. El objetivo, coincidieron, debe pasar de la reacción a la prevención, garantizando un entorno seguro donde la libertad de expresión deje de ser una profesión de alto riesgo.
