Ciudad de México.-
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que enviará al Congreso de la Unión una iniciativa de reforma electoral para impedir que personas con posibles vínculos con la delincuencia organizada puedan convertirse en candidatos durante las elecciones de 2027.
La propuesta contempla modificaciones a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para crear la llamada Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas, organismo que dependería del Instituto Nacional Electoral (INE).
Durante su conferencia matutina, Sheinbaum aseguró que el objetivo es evitar que cualquier partido político postule aspirantes relacionados con grupos criminales.
“Tiene que ver con evitar que haya algún candidato o candidata de cualquier partido político que tuviera algún riesgo de vínculo con la delincuencia organizada”, declaró la mandataria federal.
La nueva comisión estaría integrada por cinco consejeros electorales y tendría la facultad de revisar perfiles de aspirantes mediante consultas a instituciones de seguridad, inteligencia y procuración de justicia.
De acuerdo con la propuesta, los partidos políticos entregarían voluntariamente al INE las listas de aspirantes a candidaturas, mientras que dependencias como la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y la Fiscalía General de la República (FGR) analizarían si existe algún “riesgo razonable” relacionado con delincuencia organizada.
Con base en esa información, cada partido decidiría si mantiene o retira la candidatura.
La presidenta aclaró que el mecanismo respetará la presunción de inocencia establecida en la Constitución y que la información manejada tendrá carácter confidencial para no afectar investigaciones en curso o procesos legales.
La consejera Jurídica del Ejecutivo Federal, Luisa María Alcalde, explicó que quienes aspiren a una candidatura deberán aceptar obligatoriamente ser evaluados por esta nueva comisión como requisito previo para contender en elecciones.
Además, señaló que en caso de encontrarse información relevante, las autoridades podrán continuar con investigaciones formales conforme a sus atribuciones legales.
La propuesta busca entrar en vigor antes del proceso electoral de 2027, considerado uno de los más importantes del país por la renovación de gubernaturas, alcaldías, congresos locales y federales.
