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Negociadores de Gobierno de Nicaragua apoyan versión policial sobre violencia

Managua, 31 mar (EFE).- Los representantes del Gobierno de Nicaragua en la mesa de negociaciones, para superar la crisis local, mostraron este domingo su apoyo a la versión policial sobre los hechos violentos de ayer sábado en Managua y culpó a manifestantes por las agresiones, que incluyeron un tiroteo.

“Declaramos ante nuestro pueblo, y ante la comunidad internacional, nuestra condena por los hechos de delincuencia y violencia, protagonizados desde hace tres sábados, y de manera particular ayer sábado 30 de marzo”, informó en un comunicado la delegación gubernamental, que encabeza el canciller Denis Moncada.

Ayer sábado, agentes antimotines y paramilitares agredieron a un grupo de personas que se manifestaba contra el presidente Daniel Ortega en un centro comercial del centro de Managua, pero la Policía Nacional divulgó una versión contraria a los hechos y a las pruebas en vídeo.

Entre los agresores estaba el paramilitar encapuchado German Félix Dávila Blanco, miembro activo del oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y antiguo integrante del Ejército Popular Sandinista, quien ejecutó un tiroteo e hirió a tres personas y a él mismo. Aunque la Policía lo identificó como un anciano que no tenía relación con el incidente, las imágenes mostraron lo contrario.

Los representantes del Gobierno señalaron a los manifestantes de cometer “actos vandálicos y terroristas”, y de utilizar los medios para “insultar, atemorizar, escandalizar y agredir físicamente, a quienes visitan con sus familias, esos espacios privados de comercio y recreación”.

Asimismo, acusaron a su contraparte en la mesa de negociación, la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, de “discursos y actitudes ofensivas, de odio y discriminación, así como de rechazo al avance de los acuerdos que se han venido tomando” en las discusiones.

El señalamiento contra la oposición llegó luego de que diversos sectores acusaron al Gobierno de Ortega de violar su compromiso de respetar la Constitución de Nicaragua en lo referido a las libertades públicas, antes de que se cumplieran 24 horas de la firma de acuerdos, tal como ocurrió en mayo y junio pasado, pero esta vez sin un saldo mortal entre los manifestantes, aunque sí con 4 heridos de bala.

El Gobierno, que no informó si el paramilitar enfrentará la justicia, reclamó a la Alianza “coherencia y consistencia” con la paz, y le invitó a “dejar atrás esos períodos de terrorismo, destrucción de vidas, hogares, bienes públicos y privados”.

A pesar de los reclamos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha señalado como responsable de crímenes “de lesa humanidad” al Gobierno de Ortega, quien alega ser víctima de golpe de Estado “fallido”.

Desde abril pasado unas 325 personas han muerto en protestas gubernamentales, según la (CIDH), aunque organismos locales establecen el número de víctimas en 561, y el Gobierno en 199.

Unas 809 personas se mantienen en la cárcel como “presos políticos”, según la oposición, mientras que el Gobierno lleva meses sin actualizar su cifra de 340 reos, a los que llama “terroristas”, “golpistas” o “delincuentes comunes”.

La Organización de los Estados Americanos (OEA) tiene en proceso la aplicación de la Carta Democrática Interamericana (CDI) a Nicaragua, por rompimiento del orden constitucional, lo que llevaría al país a ser suspendido del organismo y lo dejaría expuesto a sanciones. EFE

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