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Nicaragua anuncia intención de fortalecer su proceso electoral, según OEA

Managua, 15 feb (EFE).- El Gobierno de Nicaragua anunció sus intenciones de fortalecer su proceso político electoral hacia 2021 en el marco de la Constitución y la Ley, informó este viernes la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

El Ejecutivo nicaragüense asumió ese compromiso ante Gonzalo Koncke -jefe de gabinete del secretario general de la OEA, Luis Almagro- quien realizó este jueves una visita no anunciada a Nicaragua, a iniciativa del Gobierno de Daniel Ortega “con la finalidad de mantener conversaciones exploratorias respecto a la situación en el país”.

“En el contexto de los mandatos e instrumentos jurídicos correspondientes, la delegación de la Secretaría General de la OEA planteó la liberación de los presos políticos, la necesidad de contar con avances en el proceso político electoral y la importancia de considerar las recomendaciones del Sistema Interamericano, entre otros aspectos”, indicó el organismo en una declaración.

La Secretaría General de la OEA recibió las posiciones del Gobierno de Nicaragua sobre los puntos mencionados.

“Al respecto, el Gobierno de Nicaragua invocó que a su entender las personas detenidas han sido objeto del debido proceso y anunció su intención de fortalecer el proceso político electoral hacia 2021 en el marco de la Constitución y la ley”, señaló.

La Secretaría General anunció que aguardará en este sentido ante la eventualidad de poder proseguir las negociaciones en el marco de la agenda propuesta por Almagro, al tiempo que se acordó el mantenimiento de un canal de comunicación a tales efectos.

El Gobierno de Ortega ha sido señalado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CDIH) de reprimir a los manifestantes e incluso expertos tutelados por ese organismo han advertido que las autoridades nicaragüenses han podido cometer crímenes “de lesa humanidad” en medio de la crisis.

Almagro, quien solicitó la aplicación de la Carta Democrática Interamericana a Nicaragua, ha dicho que “en la democracia no puede existir represión, ni violación de derechos humanos a opositores, estudiantes, políticos, campesinos, civiles y menores de edad”.

El Consejo Permanente de la OEA dio por iniciado en enero pasado el proceso de aplicación de la Carta con base en su artículo 20, que se aplica “en caso de que en un Estado Miembro se produzca una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático”.

El mismo artículo resalta que el Consejo Permanente de la OEA “podrá disponer la realización de las gestiones diplomáticas necesarias, incluidos los buenos oficios, para promover la normalización de la institucionalidad democrática”.

La crisis sociopolítica que Nicaragua vive ha dejado entre 325 y 561 muertos, de 340 a 767 detenidos, cientos de desaparecidos, miles de heridos y decenas de miles en el exilio, desde abril, según organismos humanitarios.

Ortega reconoce 199 muertos y 340 detenidos a los que llama “terroristas”, “golpistas” y “delincuentes comunes”.

La Oficina del alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) y la CIDH han responsabilizado al Gobierno de “más de 300 muertos”, así como de ejecuciones extrajudiciales, torturas y otros abusos contra los manifestantes y opositores.

Ortega, quien lleva doce años en el poder de manera continua, no acepta responsabilidad en la crisis ni tampoco los señalamientos generalizados sobre graves abusos de las autoridades contra los manifestantes antigubernamentales, y denuncia ser víctima de un intento de “golpe de Estado fallido”. EFE

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