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Nombran defensora pública para imputado por asesinato de monseñor Romero

San Salvador, 6 may (EFE).- La Procuraduría General de la República (PGR) de El Salvador nombró a una defensora pública para representar al capitán Alvaro Saravia en la causa penal por el asesinato de san Óscar Arnulfo Romero, informó este lunes el órgano Judicial.

La fuente identificó a la letrada como Vilma Ayala, quien tendrá a su cargo la “defensa técnica” del imputado con paradero desconocido.

El Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador ordenó en mayo de 2017 la reapertura del proceso penal por el homicidio de monseñor Romero y en octubre de 2018 mandó a la Fiscalía realizar una nueva investigación para determinar la participación de más personas en el crimen.

El tribunal también emitió una orden de detención contra el capitán Álvaro Saravia, único imputado en el proceso.

Por otra parte, el órgano de Estado señaló que entre las diligencias autorizadas por dicha corte se encuentran la solicitud de información migratoria de Saravia a EE.UU., dado que “el último antecedente lo ubica en suelo estadounidense”.

También se ha solicitado información sobre el estatus migratorio e información para determinar el paradero de 17 testigos, entre los que se encuentran el cardenal Gregorio Rosa Chávez.

La corte dio luz verde para solicitar a la ONU los documentos de la investigación del magnicidio realizada por la Comisión de la Verdad, que en 1993 publicó un informe sobre los crímenes perpetrados durante la guerra civil (1980-1992).

Romero fue asesinado por un francotirador el 24 de marzo de 1980 cuando oficiaba misa en la pequeña capilla del hospital de cáncer La Divina Providencia, en San Salvador.

El santo salvadoreño se pronunciaba contra la violencia y las violaciones a los derechos humanos en los años previos a la guerra civil, con lo que se erigió en un referente en la defensa de los más vulnerables.

El Informe de la Comisión de la Verdad de la ONU de 1993 señaló como el responsable de dar la orden de asesinar a Romero al mayor Roberto D’Aubuisson, fundador de la Alianza Republicana Nacionalista (Arena), partido del que fue diputado y candidato presidencial.

Dicho documento también apunta que en la planificación y ejecución del asesinato participaron Saravia, el capitán Eduardo Ávila, así como Fernando Sagrera y Mario Molina, entre otros.

La anulación de una ley de amnistía de 1993 por una fallo de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de 2016 permitió la reapertura de este caso y de los procesos por la masacre de unos 1.000 campesinos en El Mozote (1981) y de seis sacerdotes jesuitas (1989).EFE

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