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Nuevos acusados en caso ambientalista Berta Cáceres se defenderán en libertad

Tegucigalpa, 13 mar (EFE).- La justicia de Honduras resolvió este miércoles que los 16 nuevos acusados por irregularidades en el proyecto hidroeléctrico conocido como Agua Zarca, en el occidente del país, al que se oponía la ambientalista Berta Cáceres, asesinada en 2016, se defenderán en libertad.

La portavoz de la Corte Suprema de Justicia, Lucía Villars, dijo a periodistas que el Juzgado en Materia de Corrupción determinó en la audiencia de declaración de imputados dictar medidas sustitutivas de prisión a los 16 acusados.

Agregó que entre otras medidas, los acusados no podrán salir del país y deberán presentarse periódicamente a los juzgados a firmar un libro.

Además, a los acusados se les fijó la audiencia inicial para el 25 de marzo.

El pasado día 4 la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción de Honduras (Ufecic) acusó a las 16 personas por irregularidades en el otorgamiento de la concesión del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca.

El caso fue denominado “Fraude sobre el Gualcarque” y los acusados enfrentan cargos por los delitos de “fraude, abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios, negociaciones incompatibles con el ejercicio de las funciones públicas y falsificación de documentos en perjuicio del Estado”.

La investigación, en una primera fase, ha estado a cargo de la Ufecic, que depende del Ministerio Público, en coordinación con la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Entre los 16 acusados figuran el exviceministro de Recursos Naturales y Ambiente Darío Roberto Cardona, el exgerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) Roberto Martínez Lozano, y un ejecutivo de la empresa hidroeléctrica acusado de ser uno de los autores intelectuales del asesinato de Berta Cáceres.

Según la MACCIH, el caso es “paradigmático” y surgió como consecuencia de las “más de 40 denuncias” presentadas ante el Ministerio Público por la ambientalista Berta Cáceres sobre supuestas irregularidades en diferentes concesiones de recursos hídricos que afectarían a la comunidad indígena lenca.

La Ufecic presentó ante la Corte Suprema de Justicia “evidencia de que los 16 acusados habrían cometido diversos delitos contra la Administración Pública” para que la empresa DESA (Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima) fuera “beneficiada con el contrato de operación y la contrata de aguas sobre el río Gualcarque”.

La misma empresa se beneficiaría del contrato de suministro de potencia y energía, y otro de operación para la generación, transmisión y comercialización de energía eléctrica, este último conocido como Agua Zarca, el que según Berta Cáceres le estaba causando daños al medioambiente.

La empresa DESA siempre ha rechazado las acusaciones contra su personal por el asesinato de la ambientalista hondureña.

Cáceres fue asesinada el 2 de marzo de 2016 en la ciudad de La Esperanza, oeste, pese a que contaba con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para protegerla de las constantes amenazas que recibía, y por su crimen la Justicia hondureña condenó en noviembre de 2018 a siete nacionales de los primeros ocho acusados. EFE