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Odebrecht pide reunión a Perú para revisar “alternativa” a demanda millonaria

Lima, 13 feb (EFE).- La empresa brasileña Odebrecht solicitó este miércoles una reunión con los representantes del Estado peruano a fin de llegar a un acuerdo mutuo como “alternativa” a la demanda por 1.200 millones de dólares que presentó la constructora contra Perú ante el Banco Mundial (BM).

El escrito, hecho público por el diario La República, fue enviado por el estudio Clifford Chance US LLP, que representa a la subsidiaria de Odebrecht en Luxemburgo, Odebrecht Latinvest (OLI Lux), para la cuestión del arbitraje que la firma brasileña solicitó ante el Ciadi por la cancelación del contrato del Gasoducto Sur Peruano (GSP).

En la misiva, los representantes de Odebrecht señalan que el procedimiento arbitral iniciado “no debería constituir un impedimento para que las partes continúen tratativas amistosas”.

“Nuestro cliente nos ha solicitad expresamente que le transmitamos su voluntad de preservar en ese camino. Por ello, le solicitamos una reunión a su conveniencia, para revisar alternativas para una solución que permita suspender en común acuerdo el procedimiento arbitral y avanzar en una agenda de trabajo”, añade el escrito enviado por el estudio jurídico.

No obstante, precisan que la oferta de reunión “no es en modo alguno, ni podrá interpretarse, como una renuncia explícita o implícita a los derechos de OLI Lux (Odebrecht) en el procedimiento arbitral”.

ACUSACIÓN DE ODEBRECHT

Según Odebrecht, al caducar el contrato para la realización del proyecto del Gasoducto Sur (GSP), el Estado peruano “violó sus obligaciones” fijadas en el tratado bilateral de inversión vigente con la Unión Económica Belga-Luxemburguesa.

La demanda internacional llega cerca de un año después de que Odebrecht firmara un acuerdo de colaboración eficaz que brinda beneficios judiciales y penitenciarios por colaborar con las autoridades, dentro de las investigaciones del caso Lava Jato.

Como parte de estas colaboraciones, exdirectivos de la empresa han reconocido los pagos ilícitos a diversas autoridades peruanas para la adjudicación del proyecto Gaseoducto Sur Peruano (GSP).

PROYECTO DE 7.000 MILLONES DE DÓLARES

El GSP, el mayor proyecto de masificación de gas natural en el país, contempla la implementación de 1.000 kilómetros de tuberías que deben partir del yacimiento de Camisea, en la selva sureña del Cusco, hasta la costa del Pacífico.

El proyecto fue adjudicado en junio de 2014, durante el Gobierno de Ollanta Humala (2011-2016), por más de 7.000 millones de dólares a un consorcio conformado por Odebrecht, la española Enagás y la peruana Graña y Montero, en una licitación que fue investigada porque hubo un solo postor en lista, tras haberse descalificado a su único rival en medio de acusaciones de irregularidades.

CANCELACIÓN DEL CONTRATO

Sin embargo, a finales de enero de 2017 el Estado peruano canceló el contrato que mantenía con el consorcio y le impuso una multa millonaria por incumplimiento, debido a que no logró la financiación necesaria para terminar la obra, paralizada en medio de la revelación del mayor escándalo de corrupción continental conocido como Lava Jato.

En 2019, la empresa brasileña reconoció “pagos ilícitos” para adjudicarse el proyecto GSP, según reveló entonces el equipo especial del caso Lava Jato en Perú.

Como parte de un acuerdo con la Fiscalía peruana tras reconocer sus sobornos, Odebrecht se comprometió, con intervención de la Procuraduría peruana, en febrero del año pasado, a pagar una reparación civil de 610 millones de soles (unos 184 millones de dólares), más los intereses legales, en cuotas anuales durante 15 años.

ACUERDO EN LA MIRA

Un acuerdo económico que fue cuestionado en la misma Procuraduría anticorrupción, pues el procurador público a cargo de la defensa del Estado peruano en el caso, Jorge Ramírez, también habría facilitado que Odebrecht reciba la devolución de 156 millones de dólares por la venta de la hidroeléctrica de Chaglla, otro de sus proyectos suspendidos en Perú y que fue transferido a otra compañía.

Precisamente, luego de conocerse la demanda de Odebrecht, se hizo público que el procurador Ramírez promovió un encuentro entre el exministro de Energía y Minas Juan Carlos Liu y la empresa brasileña, por lo que este miércoles fue separado de su cargo por acuerdo del Consejo Directivo de la Procuraduría General del Estado.EFE

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