OEA propone fortalecer garantías e independencia de jueces hondureños

Tegucigalpa, 12 feb (EFE).- La Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih), que depende de la Organización de Estados Americanos (OEA), propuso este martes una iniciativa para fortalecer las garantías e independencia de los jueces en el país centroamericano.

La iniciativa, que implica una reforma constitucional, fue propuesta por el vocero de la Maccih, Luiz Antonio Guimarães, en una carta que le envió a la procuradora general de la República, Lidia Cardona, y al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rolando Argueta.

La Maccih, que se instaló en el país en abril de 2016, propone la “reforma del artículo 319 de la Constitución de la República para el Establecimiento de Garantías de las y los jueces magistrados”.

La reforma plantea garantías para la independencia de los jueces en el ejercicio de sus decisiones y funciones jurisdiccionales; estabilidad e inamovilidad en sus cargos o funciones; inamovilidad “ad hoc”, una remuneración adecuada, promoción o ascensos; libertad de opinión y decisión jurisdiccional; libertad de asociación, seguridad personal y familiar.

El proyecto, que “toma como base las garantías clásicas para jueces y magistrados de países de América Latina, España y Portugal, busca fortalecer las condiciones de jueces y magistrados para que su ejercicio profesional no pueda sufrir de ningún tipo de presión que incida en los fallos, generando así las mejores condiciones para la independencia de estos altos funcionarios”, subraya la carta.

Guimarães expresó que “para la Maccih es importante reforzar la independencia de los magistrados a nivel constitucional, como un requisito indispensable para un verdadero Estado de derecho”.

La Maccih espera que el proyecto que ha propuesto “sea analizado con responsabilidad” por los diputados del Parlamento hondureño con el fin de alcanzar una normativa que reconozca a los jueces y magistrados las garantías necesarias para asegurar en el ejercicio de sus funciones la independencia judicial y con ello el fortalecimiento institucional.

En caso de que la reforma fuese aprobada por el poder legislativo hondureño, el artículo 319 expresaría que “los jueces y magistrados prestarán sus servicios en forma exclusiva al poder Judicial” y que “no podrán ejercer, por consiguiente, la profesión del derecho en forma independiente, ni brindarle consejo o asesoría a persona alguna”.

“Esta prohibición no comprende el desempeño de cargos docentes, ni de funciones diplomáticas, (ad-hoc). Los funcionarios judiciales y el personal auxiliar del poder Judicial, de las áreas jurisdiccional y administrativa, no podrán participar, por motivo alguno, en actividades de tipo partidista de cualquier clase, excepto emitir su voto personal”, añade el proyecto de reforma.

La Maccih opera en Tegucigalpa por un acuerdo entre la OEA y el Gobierno de Honduras para combatir la corrupción, pese a la oposición de algunos sectores que consideran que el país no necesita ayuda exterior para combatir ese flagelo.

Algunos de los sectores que se han venido oponiendo a la presencia de la Maccih en Honduras, que cuenta con el apoyo de Estados Unidos, entre otros países, están vinculados a casos de corrupción. EFE