Ombudsman de Guatemala condena asesinato de trabajador de hidroeléctrica

Guatemala, 12 oct (EFE).- La Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala condenó y lamentó hoy la muerte violenta del trabajador de la hidroeléctrica Energía y Renovación S.A. Antonio Juan Pascual y exigió al Ministerio Público que aclare el caso.

En un comunicado, la entidad que dirige Jordán Rodas sostuvo que la conflictividad en el sector, entre indígenas que no quieren que se instale la empresa, los trabajadores de la misma y la Policía Nacional Civil, ha disminuido debido al diálogo.

Aun así, instó al ministro de Gobernación (Interior), Enrique Degenhart, y al director de la Policía, Erwin Tzi, a “garantizar la seguridad de las personas, comunidades y empresa” para así “evitar que se repitan hechos como los que se suscitaron este día”.

También exigió a los líderes de las poblaciones de la zona a actuar “con responsabilidad” y siempre “privilegiar la conservación de la paz y el respeto irrestricto al valor supremo de la vida”.

Por su parte, el Gobierno publicó un boletín en el que afirmó que el área de Ixquisis, al norte de Huehuetenango, donde se ubica la hidroeléctrica, “se encuentra en ambiente de calma”, por lo que anunció que desistirá “de momento” de una solicitud de análisis de Estado de excepción que había preparado para “prevenir” la escalada de violencia.

El pasado martes, organizaciones sociales, de mujeres y defensores de los derechos humanos habían denunciado la “represión y criminalización” del Estado guatemalteco contra la población de la microrregión de Ixquisis.

Aseguraron que la Policía Nacional Civil disparó contra la población “en resistencia”, al parecer como muestra de su protección a la empresa, en un acto donde varias personas resultaron heridas durante un desalojo de manifestantes en la Franja Transversal del Norte.

Desde hace más de diez años, las comunidades de Ixquisis han protestado contra varios proyectos hidroeléctricos, como Pojom I, Pojom II y San Andrés, financiados, según denuncian, por capital proveniente de bancos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El pasado 6 de agosto, las comunidades indígenas afectadas por las empresas Pojom II y San Andrés presentaron un reclamo al Banco Interamericano de Desarrollo, a través de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), por los supuestos daños ocasionados por dos hidroeléctricas.

La construcción de las represas, según denunciaron a Efe en su momento, ha causado daños ambientales como la escasez de agua y la contaminación de ríos, afectando la pesca, la agricultura y los modos de vida tradicionales de las comunidades de Ixquisis, mayormente indígenas mayas y donde sobresalen las etnias Chuj, Q’anjob’al y Akateko.

La hidroeléctrica Pojom II es promovida por la empresa Generadora San Mateo S.A., mientras que San Andrés está a cargo de Generadora San Andrés S.A.

Ambas empresas son subsidiarias de Promoción y Desarrollos Hídricos S.A., una compañía nacional.

En 2013, el BID Invest, brazo privado del Grupo del Banco Interamericano de Desarrollo, aprobó un préstamo de hasta 9 millones de dólares para la construcción de Pojom II y de hasta de 6 millones para el proyecto San Andrés. EFE