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Ombudsman de Guatemala ve un peligro de financiación ilegal en las elecciones

Guatemala, 18 ene (EFE).- El titular de la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala, Jordán Rodas, advirtió este viernes del “latente peligro” de la financiación ilegal y anónima de cara a los próximos comicios generales, que se celebrarán el 16 de junio.

Dadas las últimas campañas electorales, en las que se detectaron varios casos, el magistrado de conciencia recordó esta problemática e instó “a quienes pretenden seguir con esta práctica a que la descarten totalmente” porque “no se debe pretender manipular la voluntad popular con intereses personales”.

Rodas, quien manifestó “su ferviente deseo” de que el próximo proceso electoral se desarrolle en “un clima de paz, legalidad y competencia justa en el que prevalezcan los valores democráticos y la institucionalidad”, expresó su “total e irrestricto apoyo” a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral.

En los últimos años, la Fiscalía y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) han desmantelado varios casos de financiación electoral ilícita de diferentes partidos políticos, incluido uno que involucraba al actual presidente, Jimmy Morales, a quien el Congreso decidió mantenerle el fuero para que no pudiera ser investigado hasta en dos ocasiones.

El Tribunal Supremo Electoral anunció el 16 de junio como la fecha de las próximas elecciones generales, una cita para la que pidió dejar a un lado “las diferencias” y realizar un proceso en “armonía y sin confrontaciones”.

Ninguno de los ocho candidatos presentados oficialmente, entre los que se encuentran la ex primera dama Sandra Torres o Zury Ríos -la hija del exdictador José Efraín Ríos Montt- se han pronunciado acerca de la continuidad o no de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), cuyo mandato expira el próximo mes de septiembre.

En estos momentos, la Cicig, un ente auspiciado por la ONU y creado en 2006, está fuera de Guatemala después de que el presidente Jimmy Morales anunciara unilateralmente su cese inmediato por la supuesta extralimitación de sus funciones, una decisión que ha sido revertida por la Corte de Constitucionalidad, pero que el Gobierno aún no ha acatado.

La problemática de la Cicig mantiene enfrentados a varios entes del Estado y ha generado cierta agitación en sectores políticos y sociales, que se han expresado en manifestaciones pacíficas. EFE

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