Ombudsman mexicano pide reparar daño a familiares de joven asesinada en 2012

México, 11 ene (EFEMEX).- La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de México pidió hoy al Gobierno San Luis Potosí reparar el daño a familiares de una joven asesinada en 2012 por las irregularidades cometidas por funcionarios durante la investigación del crimen.

Luis Raul González Pérez

Luis Raul González Pérez

La recomendación fue dirigida al gobernador Juan Manuel Carreras López al considerar que se violó el derecho de acceso a la justicia durante el proceso de averiguación del homicidio de la joven en la capital potosina en octubre de 2012.

Luego del análisis de argumentos y pruebas del expediente de una queja presentada por la madre de la víctima, la CNDH acreditó “actos y omisiones de servidores públicos” adscritos a la fiscalía estatal en agravio de la joven y sus familiares.

Las irregularidades en las acciones de los agentes y peritos de la fiscalía de la entidad permitieron “entorpecer la investigación, dilatar e integrar de manera irregular la averiguación previa y vulnerar el derecho de los familiares en su calidad de víctimas”, señaló la CNDH en un comunicado.

Por ello, recomendó “al gobernador reparar el daño a la madre y al hermano de la agraviada” y pidió su inscripción en el Registro Estatal de Víctimas para que tengan acceso al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral.

El organismo también llamó a Carreras López a colaborar en la denuncia contra los servidores públicos que intervinieron en los hechos e implementar cursos de capacitación para agentes y peritos de la fiscalía “sobre los derechos humanos de las víctimas” de delitos.

La joven falleció en un hospital de la capital de San Luis Potosí el 28 de octubre de 2012, luego de sufrir heridas en un club nocturno.

Según los agentes de la fiscalía, la joven murió por “choque hipovolémico secundario a lesiones de arteria y vena femoral derecha”, pero los familiares denunciaron que las lesiones evidenciaban un ataque físico y sexual.

En enero de 2013, familiares de la joven presentaron ante la CNDH un escrito a través del cual denunciaron que no se había esclarecido el caso y que se les impidió el acceso a la averiguación previa.

Siete meses después, el propietario y gerente del establecimiento donde ocurrieron los hechos fue consignado y se le dictó auto de formal prisión por el delito de homicidio culposo en agravio de la joven.

La CNDH señaló que los agentes encargados de la investigación del caso “no actuaron con la debida diligencia” y “omitieron promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos”.

Además, los peritos actuaron “con impericia” y emitieron “dictámenes insuficientes, carentes de conocimientos científicos o empíricos”, evidenciando una “deficiente integración de la indagatoria”.