Ombudsman pide ante corte garantizar protestas contra presidente de Guatemala

Eldiario.es

Guatemala, 9 sep (EFE).- El procurador de los Derechos Humanos de Guatemala, Jordán Rodas, presentó hoy un amparo ante la Corte de Constitucionalidad para impedir que el Gobierno restrinja las protestas anunciadas en contra del presidente Jimmy Morales.

Las principales organizaciones campesinas del país, estudiantes, religiosos, sectores indígenas, de mujeres y LGBTIQ acordaron acciones conjuntas para manifestar desde el lunes en contra de la cruzada contra la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) que mantiene Morales.

El presidente guatemalteco ha sido señalado por la Comisión, que es un ente de la ONU, y el Ministerio Público, de posible financiación electoral ilícita.

Rodas solicitó al máximo tribunal constitucional del país que se otorgue el amparo provisional para que se “decrete la abstención y cese de cualquier acto y omisión” que “implique amenaza” o tenga por objeto “encubierta o verdaderamente” la restricción de las manifestaciones públicas del pueblo de Guatemala.

Estas acciones, añadió el ombudsman, “pudieran atribuirse” al presidente, o al ministro de Gobernación (Interior), Enrique Degenhart, o el director de la Policía Nacional Civil, Erwin Tzi, por lo que pidió que tampoco se use la fuerza pública en contra de los manifestantes ni “medios de grabación de los ciudadanos”, los cuales “pudieran ser utilizados para generar represalias en su contra”.

Rodas indicó en su amparo que el segundo artículo de la Constitución indica que el Estado debe garantizar “la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona” por lo que “el presidente debe cumplir con estos postulados” además de “velar para que los ciudadanos tengan acceso a una justcia pronta y cumplida”.

El pasado 31 de agosto Morales anunció el fin de la Cicig para septiembre de 2019, y el martes pasado indicó que no permitirá el ingreso al país del jefe de la comisión, el abogado colombiano Iván Velásquez, a quien definió como un “peligro para la seguridad y el orden público”.

La confrontación entre el Gobierno de Guatemala y la Cicig se remonta a cuando la Comisión señaló al hijo y al hermano del presidente Morales (José Manuel Morales Marroquín y Samuel Everardo Morales Cabrera) de un caso de fraude -y lavado de dinero, en el caso del hermano- al Estado en 2013.

Desde entonces, el presidente ha intentado, una y otra vez, minar el trabajo y la estancia de la Cicig, la cual, junto al Ministerio Público, han señalado en dos ocasiones a Morales de haber incurrido en el delito de financiación electoral ilícita durante la campaña de 2015 que lo llevó al poder. EFE