ONG acusa al Gobierno de Guatemala de “obstaculizar” la justicia transicional

Guatemala, 26 jul (EFE).- La organización holandesa de apoyo a países en situación de posguerra Impunity Watch indicó hoy que los avances y obstáculos de la justicia transicional en Guatemala entre 2014 y 2017 han estado marcados por la “obstaculización” del Gobierno, “empeñado en obstruir la lucha anticorrupción”.

En su “Informe de monitoreo 2014-2017” del acceso a la verdad, a la justicia, a la reparación y a las garantías de no repetición de un conflicto armado como el que se vivió en el país centroamericano entre 1960 y 1996, Impunity Watch señala que hubo un “retroceso” de la justicia transicional y un debilitamiento de la agenda de paz y derechos humanos.

La investigación comprende los dos últimos años de Gobierno del expresidente procesado por corrupción Otto Pérez Molina, la transición del exmandatario Alejandro Maldonado Aguirre y los dos primeros años de la Administración de Jimmy Morales, a quien señala de haber “desatendido” la agenda de transformación que proponían los Acuerdos de Paz, firmados en 1996.

En la presentación del documento y posterior debate, realizado en el Museo de la Universidad de San Carlos (pública), la exministra de Salud Lucrecia Hernández Mack, hija de la antropóloga asesinada por el Ejército Myrna Mack, coincidió con la organización holandesa al asegurar que la justicia de transición “depende de los Gobiernos de turno” y de la “falta de voluntad política”.

Sostuvo que a la “era de silencio”, como denominó al conflicto armado, le siguió una discusión abierta que llegó tras la paz y con ello la esperanza de alcanzar una justicia.

Sin embargo, el auge de las redes sociales -que en Guatemala se destapó con el juicio de genocidio en 2013- ha causado “una ola de ataques de troles cuadrados y netcenter que han estigmatizado la discusión”, por lo que pidió no “bajar la guardia” y seguir hablando del tema, pues “no se puede pasar una página sin leerla”.

Entre sus recomendaciones, Impunity Watch pide a Jimmy Morales y al ministro de la Defensa, José Luis Ralda, que en un acto público “pida perdón a las víctimas (más de 200.000) por las graves violaciones de derechos humanos” cometidas durante la guerra de los 36 años (1960-1996), que en su mayoría -un 93 por ciento- fueron atribuidas al Ejército.

Asimismo, solicita incorporar al currículo nacional base de educación el contenido de los informes de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico y del Proyecto Interdiocesano de Recuperación de la Memoria Histórica -elaborado por la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala-.

Sugiere al Congreso de la República aprobar las iniciativas de ley para crear una comisión nacional de búsqueda de personas víctimas de desaparición forzada y de desaparecidos con base en los estándares internacionales y la iniciativa para dar “certeza y solidez” al Programa Nacional de Resarcimiento, además de reformar la Ley de Amparo de acuerdo a lo ordenado por la Corte Internacional de Derechos Humanos.

Además, insta al Legislativo de abstenerse a aprobar iniciativas destinada a conceder amnistías y demás formas de eximir de la responsabilidad de los delitos de transcendencia internacional a los responsables.

También solicita dotar de presupuesto suficiente a las instituciones que trabajan alrededor de la justicia transicional.

Entre ellas, el ente de Resarcimiento, la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en materia de DDHH, la Fiscalía, el Organismo Judicial y el Archivo Histórico de la Policía Nacional, cuyos documentos datan de la extinta institución armada previo a su reestructuración tras la firma de los Acuerdos de Paz, en 1996.

Impunity Watch le pide al Ministerio Público que fortalezca la Fiscalía de Derechos Humanos con “personal y recursos necesarios para que cumpla con la debida diligencia de investigación”, así como elaborar un inventario de todos los casos del conflicto armado interno y dar “pleno cumplimiento” a las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH). EFE