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ONG advierte “maniobra política” tras agenda para superar crisis en Nicaragua

Managua, 21 mar (EFE).- Un organismo humanitario advirtió este jueves que detrás de la agenda consensuada que negociará el Gobierno de Nicaragua y una alianza opositora para superar la crisis que estalló hace casi un año existe una “maniobra política” del presidente Daniel Ortega por evitar sanciones internacionales.

“Desde el Cenidh (Centro Nicaragüense de Derechos Humanos) consideramos que la aprobación apresurada de dichos compromisos no son más que una maniobra política calculada por Ortega y (su esposa y vicepresidenta, Rosario) Murillo para evitar la aplicación de las sanciones anunciadas por la comunidad internacional”, indicó esa ONG en una declaración.

La aplicación de la Carta Democrática Interamericana está en proceso en la Organización de los Estados Americanos (OEA), lo que podría culminar con la suspensión del país centroamericano del organismo continental.

El miércoles, el Gobierno y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia acordaron en presencia del nuncio apostólico en Nicaragua, Waldemar Stanislaw Sommertag, y del enviado especial de la Secretaría General de la OEA, Luis Ángel Rosadilla, trabajar una agenda común que será desarrollada con amplitud en la mesa de conversaciones.

A juicio del Cenidh, con esos acuerdos Ortega también “buscaba evitar la resolución histórica del día de hoy” del Consejo de los Derechos Humanos de la ONU contra la represión violenta de las protestas de 2018 en el país centroamericano.

“Prueba de ello es que tales compromisos fueron invocados por la delegación de Nicaragua en Ginebra”, argumentó.

“No obstante, la perversa estrategia del régimen no funcionó y se culminó con la aprobación de una contundente resolución que apunta de manera clara y directa a la solución del problema causado por el gobierno Ortega Murillo en contra del pueblo de Nicaragua”, continuó.

Asimismo el Cenidh, al que la Asamblea Legislativa de mayoría oficialista le retiró en diciembre pasado su personalidad jurídica a petición del Ministerio de Gobernación, criticó los acuerdos entre el Ejecutivo y la oposición, porque “los derechos humanos no se negocian”.

Las partes consensuaron una agenda que incluye fortalecer la democracia y reformas electorales; reforzar los derechos y garantías ciudadanas y la liberación, dentro de un plazo máximo de 90 días, de todos los presos y detenidos en el contexto de los hechos ocurridos a partir del 18 de abril del año pasado.

Asimismo, ese organismo consideró inaceptable el plazo de 90 días convenido, “pues tal plazo representa día a día una prolongación de la tortura física y psicológica de las víctimas y sus familiares”.

“Por tanto, el Cenidh exige la nulidad de todos los juicios prefabricados por la dictadura y la liberación inmediata y sin condiciones de todos aquellos que hoy han sido tomados por Daniel Ortega y Rosario Murillo como fichas de intercambio para obtener concesiones políticas e impunidad ante los crímenes cometidos”, demandó.

Al menos 802 personas permanecen con algún tipo de régimen carcelario en Nicaragua, incluyendo 20 menores, tras participar en protestas antigubernamentales, según el Comité Pro Liberación de Presas y Presos Políticos.

El Gobierno mantiene la cifra de manifestantes presos en 340, pero no los reconoce como “presos políticos”, sino como “terroristas”, “golpistas” o reos “comunes”.

Nicaragua sufre una grave crisis que ha dejado 325 muertos desde abril de 2018, de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque algunos grupos elevan a 561 las víctimas mortales, mientras que el Ejecutivo solo reconoce 199 y denuncia un intento de golpe de Estado. EFE