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ONG prevé un proceso contra otro militar guatemalteco por genocidio maya ixil

Guatemala, 26 nov (EFE).- Las víctimas mayas ixiles representadas por el Centro de Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH) auguraron este martes que la justicia procese a otro general por el genocidio ixil por el mismo período de tiempo que el caso que enfrentó el fallecido dictador Efraín Ríos Montt (1982-1983).

El señalado es el general retirado Luis Enrique Mendoza García, quien fue detenido después de emitir su voto en agosto pasado, en el marco del balotaje por la Presidencia de Guatemala, debido a que contaba con una orden de aprehensión en su contra de más de 7 años y 3 meses de antigüedad.

Mientras el Juzgado de Mayor Riesgo B procesó este lunes a dos generales y a un coronel retirados por el genocidio ixil registrado los años 1978-1983, el caso contra el general Mendoza se enmarca en el mismo proceso que culminó con una sentencia condenatoria a 80 años a Ríos Montt el 10 de mayo 2013, aunque 10 días después la Corte de Constitucionalidad suspendiera el juicio y la condena por “vicios procesales”.

El abogado de CALDH Héctor Reyes sostuvo este martes a la prensa que fueron citados, junto al Ministerio Público, para dar inicio a la audiencia de primera declaración en el Juzgado de Mayor Riesgo C, que preside la jueza Silvia de León, en el duodécimo nivel de la Torre de Tribunales.

Mendoza “era parte del alto mando militar que gobernó de marzo de 1982 a agosto de 1983”, cuando participó como director de la sección de Operaciones (S3) del Estado Mayor General del Ejército, que dio continuidad a los planes que arrasaron con los ixiles 4 años antes, cuando esa entidad la dirigía Benedicto Lucas y cuyo alto mando lo integraban Manuel Callejas y César Noguera, los 3 enviados a la etapa intermedia.

“Esperamos que (el general Luis Mendoza) sea procesado por genocidio el delito contra los deberes de la humanidad, tomando en cuenta su alto cargo y las operaciones que desarrolló el Ejército de Guatemala en los municipios de Quiché: San Gaspar Chajúl, San Juan Cortzal y Santa María Nebaj”, sostuvo el abogado querellante.

Además, enfatizó que también aguarda que “se dicte una resolución acorde a las víctimas y se tome en consideración que estuvo más de 7 años y 3 meses prófugo”, para que además de procesado, sea enviado a prisión preventiva.

Según CALDH, en el ejercicio de sus funciones, el general Mendoza recomendó a nivel estratégico, a través de “apreciaciones” al los jefes del Estado Mayor General del Ejército y del Estado Mayor de la Defensa Nacional, “la forma o curso de acción de las tropas para controlar, neutralizar y eliminar al enemigo interno”, concepto en el que el Ejército encuadró a los indígenas ixiles.

La organización que ha acompañado los casos de genocidio y de desaparición forzada más emblemáticos del país, subrayó que “en dos ocasiones ha quedado probado jurídicamente, ante tribunales nacionales diferentes, que en Guatemala sí hubo genocidio”.

Este nuevo proceso, agregó la entidad, “permitirá probar la responsabilidad penal del capturado”, el general Mendoza, lo cual significaría “un significativo avance en la lucha contra la impunidad de los casos del pasado”.

El conflicto armado en Guatemala, que cimbró al país entre 1960 y 1996, dejó más de 200.000 muertos, 45.000 desaparecidos de manera forzada y 1 millón de desplazados, según un informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, auspiciada por las Naciones Unidas.

Ese mismo informe detalló que el 93 por ciento de las víctimas fueron atribuidas al Ejército y patrulleros de autodefensa civil (paramilitares), el 3 a la guerrilla y el resto sin una posible identificación. EFE

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