Opositores y transportistas rechazan censo de vehículos en Venezuela

Azteca Noticias

Caracas, 3 ago (EFE).- Opositores y transportistas de Venezuela rechazaron hoy el censo de vehículos que adelanta el Gobierno del presidente Nicolás Maduro, una medida que busca controlar el “derroche” y el “contrabando” de combustibles, por considerar que impondrá un “racionamiento de gasolina” en la nación caribeña.

Las agrupaciones opositoras Voluntad Popular (VP), del líder encarcelado Leopoldo López, y Primero Justicia (PJ), del dos veces candidato a la presidencia Henrique Capriles, criticaron este viernes el registro automotor, al tiempo que pidieron a la ciudadanía “no ser parte” del censo.

A través de un comunicado, VP llamó a los venezolanos “a ejercer el derecho a la desobediencia civil” y no censarse, al señalar el registro como discriminatorio.

Venezuela inició esta semana un polémico censo de vehículos que, defiende el Gobierno de Maduro, ayudará al país a frenar el mal uso de los combustibles y el contrabando, un mal que cuesta al país petrolero varios millones de dólares cada año.

El censo vinculará los vehículos al llamado “carné de la patria”, un documento paralelo ideado el año pasado por el chavismo con fines políticos, y que reparte cada mes miles de millones de bolívares en ayudas.

Maduro adelantó en días pasados que a través del carné de la patria los venezolanos obtendrán subsidiados directos en la compra de gasolina, tan barata en el país que apenas un dólar, según la tasa oficial, basta para llenar los tanques de más de 800 vehículos medianos.

VP consideró hoy que el uso del “carné de la patria” para controlar el suministro de gasolina “es un mecanismo de discriminación”, que busca obligar a los venezolanos a seguir la tendencia política del partido de gobierno para acceder “a un servicio al cual tienen derecho todos”.

En tanto que PJ calificó el censo como “una nueva medida del gobierno para seguir controlando aún más al venezolano”.

El diputado de la Asamblea Nacional (AN, parlamento) Jorge Millán dijo a periodistas en nombre del partido que el censo traerá como consecuencia un colapso aún mayor del transporte público, el cual, aseguró, “solo funciona en un 10 %” en la actualidad.

Precisamente los transportistas, que se manifestaron hoy ante la escasez de repuestos y los altos costos de algunos insumos, también rechazaron el censo.

“Nosotros ya hemos sido censados, además el Gobierno tiene un ente que se llama el Instituto Nacional de Transporte que debe tener una data fiable con respecto a todo el parque automotor que en el país existe, sea particular, privado o de carga”, dijo a periodistas el presidente del Bloque de Transporte del Suroeste de Caracas, Pedro Jiménez.

Los transportistas reiteraron que el sector colapsó y criticaron que el Gobierno venezolano promueva y permita el uso de las llamadas “perreras”, camiones de carga sin los mínimos de seguridad para la movilización de pasajeros.

“Estamos trabajando con muchas fallas”, dijo Jiménez, al tiempo que aseguró que de las 10.000 unidades con las que cuenta Caracas, apenas están operativas menos de 1.000.

El censo de vehículos forma parte de un paquete de medidas que anunció Maduro la pasada semana, y que espera le ayuden a reflotar la economía venezolana, la de peor desempeño en la región.

Venezuela, además, planea una reconversión monetaria que suprimirá 5 ceros a la moneda a partir del próximo 20 de agosto y ya derogó a través de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente, un órgano que no reconocen varios Gobiernos del mundo, una ley que penaba las transacciones con monedas extranjeras fuera del mercado legal.

Este viernes el Parlamento, que controla la oposición, señaló que la derogación de la ley no implica el levantamiento del control de cambios, que rige desde 2003 y reserva al Estado el monopolio de las divisas.

Maduro anunció estas medidas en el marco de la severa crisis económica que atraviesa Venezuela -el país con las mayores reservas probadas de petróleo en el planeta-, que se traduce en escasez de productos, una inflación que cerrará en 1.000.000 % este 2018, según el Fondo Monetario Internacional (FMI), y una pésima prestación de los servicios públicos.

Por estas razones, en el país se registran a diario manifestaciones de ciudadanos que reclaman agua, luz, transporte, medicinas, alimentos y mejores salarios, entre otras exigencias. EFE