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Parlamento aprueba ley que penaliza con cárcel la evasión fiscal en Panamá

Panamá, 29 ene (EFE).- El Parlamento de Panamá aprobó este martes en tercera y definitiva discusión un proyecto de ley que penaliza con entre 2 y 5 años de cárcel la evasión, uno de los requisitos exigidos por organismos internacionales a este país que lucha contra la imagen de paraíso fiscal.

El llamado Proyecto de Ley 591, que castiga con prisión al contribuyente que evada 300.000 dólares o más en impuestos al año, fue aprobado en tercer y último debate por la unicameral Asamblea Nacional (AN), de 71 escaños, la mayoría en la oposición.

La norma fue aprobada por la mayoría parlamentaria de los 47 diputados presentes en el pleno, con un voto salvado y dos en contra, todos estos de la oposición, y ahora solo resta que el presidente del país, Juan Carlos Varela, la sancione para su promulgación.

La iniciativa fue presentada por el Ejecutivo para adecuar la legislación panameña en materia de pago de impuestos, de manera que se cumpla con exigencias del Grupo de Acción Financiera (GAFI) y evitar que el país entre a las denominadas listas grises de naciones que no cooperan en la lucha contra el blanqueo de capitales.

La penalización con cárcel de la evasión fiscal es una propuesta que genera polémica en Panamá y es una medida demandada por organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional o la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

La legislación vigente en Panamá considera la evasión fiscal una falta administrativa y solo contempla multas de entre 2 y 5 veces el impuesto defraudado al fisco.

Previo a su aprobación, la diputada Zulay Rodríguez, del opositor Partido Revolucionario Democrático (PRD), reiteró sus críticas al proyecto, en el sentido de que será utilizado para la persecución política, empeña la soberanía y hace daño a la economía del país.

“Realmente ustedes, los del Gobierno, consiguieron la herramienta de persecución para las personas y adversarias que estén en contra de ustedes”, afirmó Rodríguez, quien manifestó que este proyecto “no solo es lesivo para la soberanía del país, sino también para todos los ciudadanos”.

“Ustedes (el Gobierno) están obedeciendo órdenes de organismos de afuera que no tienen límite ni prescripción cuando nos ponen este tipo de imposiciones”, remarcó la parlamentaria, que salvó su voto.

Los diputados Fernando Carrillo y Felipe Vargas, del opositor partido Cambio Democrático (CD) y el PRD, respectivamente, votaron en contra de la iniciativa.

Por su parte, el diputado Luis Eduardo Quirós, miembro del gobernante Partido Panameñista (PPa), destacó a Efe la importancia del proyecto, porque “existe una percepción internacional que pretende afectar el Centro Financiero de Panamá”.

Quirós expresó que hasta ahora el Ministerio Público “no tenía facultad legal para investigar delitos fiscales provenientes de otros países, porque en Panamá éste no era un delito penal”.

“La clasificación de delito administrativo era insuficiente para lograr la cooperación internacional en estos casos”, y “según lo aprobado, la pena prevista solo será aplicable cuando el monto defraudado en un periodo fiscal sea igual o superior a 300.000 dólares”, agregó el diputado del PPa.

El Ministerio de Economía y Finanzas dijo que este proyecto, que cataloga el delito fiscal como actividad precedente al blanqueo de capitales, “excluye a la mayoría de la población” dado el umbral establecido en al menos 300.000 dólares evadidos en un año.

Lo establecido en la ley “no representa ninguna amenaza para los pequeños y medianos contribuyentes, pues castigará penalmente al contribuyente de grandes montos que afecta al Fisco, y por consiguiente al país”, sostuvo la titular del Ministerio, Eyda Varela de Chinchilla.

Recordó que la presentación del Informe de Seguimiento ante el GAFI se realizará a mediados de febrero del presente año. EFE

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