Partes acuerdan en Nicaragua conciliar lista de presos antes de liberarlos

Managua, 22 mar (EFE).- La mesa de negociación que mantiene el Gobierno de Daniel Ortega y una alianza opositora para superar la crisis que estalló hace casi un año en Nicaragua acordó este viernes conciliar las distintas listas de “presos políticos” antes de proceder a su liberación definitiva.

“El mecanismo de seguimiento del proceso de liberación de presos iniciará conciliando y actualizando las listas del Gobierno, CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) y de la (opositora) Alianza Cívica”, señalaron las partes en un comunicado conjunto.

La lista de la CIDH registra 647 detenidos, a los que identifica como “presos políticos”, dijo en rueda de prensa el jefe negociador de la Alianza Cívica, Carlos Tünnermann, que por su lado manejan un total de 809, incluyendo 162 que han sido excarcelados desde el 27 de febrero, cuando comenzó la mesa de negociación y se encuentran bajo libertad condicional.

Hasta ahora, el Gobierno del presidente Daniel Ortega reconoce 340 reos y los tilda de “terroristas”, “golpistas” y “delincuentes comunes”.

Tünnermann explicó, además, que están a la espera que la Cruz Roja Internacional responda a la invitación para el seguimiento del proceso de liberación de los detenidos en el contexto de los hechos ocurridos a partir del 18 de abril del 2018, de conformidad al ordenamiento jurídico del país.

Mientras se desarrolla el proceso de liberación, las partes también acordaron solicitar que los privados de libertad sean ubicados en régimen común, se observen las reglas establecidas por las Naciones Unidas para el tratamiento de los privados de libertad y se les permitan visitas en situaciones especiales y de emergencia.

El Comité Pro Liberación de Presas y Presos Políticos, conformado por familiares de los detenidos, ha demandado la anulación de los procesos judiciales y que no apoyarán “ninguna solución que lleve a la impunidad”.

Los familiares de los “presos políticos” también han exigido conocer el calendario de liberación, y que el proceso cumpla con los estándares internacionales de derechos humanos.

Organismos humanitarios locales han calificado como inaceptable el plazo de 90 días convenido, bajo el argumento que se prolonga la tortura física y psicológica de las víctimas y sus familiares, por lo que han exigido la liberación inmediata y sin condiciones, y la nulidad de todos los juicios.

En la mesa de negociación participan el nuncio apostólico en Nicaragua, Waldemar Stanislaw Sommertag, y el enviado especial de la Secretaría General de la OEA, Luis Ángel Rosadilla, como testigos y acompañantes.

La aplicación de la Carta Democrática Interamericana está en proceso en la Organización de los Estados Americanos (OEA), lo que podría culminar con la suspensión del país centroamericano del organismo continental.

Nicaragua sufre una grave crisis que ha dejado 325 muertos desde abril de 2018, de acuerdo con la CIDH, aunque algunos grupos elevan a 561 las víctimas mortales, mientras que el Ejecutivo solo reconoce 199 y denuncia un intento de golpe de Estado. EFE