Pastoral Cáritas critica falta transparencia en comicios internos de Honduras

Tegucigalpa, 18 mar (EFE).- La Pastoral Cáritas de Honduras criticó hoy la supuesta falta de transparencia de las elecciones primarias del pasado día 12 y advirtió que la carencia de valores democráticos de los políticos se convierte en “una amenaza latente”, pues conduce a una “dictadura visible o encubierta”.


“Las denuncias de fraude, favoritismo, adulteración de actas, entre otros delitos electorales no se han hecho esperar, y denotan que todavía no podemos garantizar la limpieza de los procesos electorales, ni siquiera al interior de los partidos”, indicó la institución religiosa en un comunicado.

En las primarias participaron tres de los siete partidos hondureños: el gobernante Nacional, el Libera y Libre, para escoger sus candidatos a los comicios del 26 de noviembre próximo, cuando se elegiré al nuevo presidente del país, tres vicepresidentes, 298 alcaldes, 128 diputados para el Parlamento nacional y 20 para el Parlamento Centroamericano.

Según los datos más recientes del Tribunal Supremo Electoral (TSE), los resultados de esos comicios primarios siguen favoreciendo al presidente Juan Orlando Hernández, quien buscará la reelección presidencial, a Xiomara Castro por Libertad y Refundación (Libre), y Luis Zelaya, por el Liberal.

A pesar que los comicios primarios e internos eran controlados por los partidos con la supervisión del TSE, a muchos de los políticos “no les salieron las cuentas” y “narran hechos antidemocráticos, sobre todo, en el conteo de votos, en los resultados plasmados en las actas y en la violación de derechos políticos”, dijo Cáritas en su pronunciamiento.

“Esto evidencia que los valores democráticos no son parte del quehacer de muchos políticos, lo que se convierte en una amenaza latente, ya que una democracia sin valores, fácilmente conduce a una dictadura visible o encubierta”, enfatizó.

Cáritas señala que las elecciones fueron ensombrecidas por las declaraciones del narcotraficante hondureño Devis Leonel Rivera, exlíder del desmantelado cártel de Los Cachiros, quien dijo en un tribunal de Nueva York (EE.UU.) que pagó sobornos a varios funcionarios de Honduras, entre ellos el expresidente Porfirio Lobo (2010-2014), a cambio de que le brindarán protección.

Esas declaraciones dejan “un mal sabor de boca y confirman lo que se dice y se ha dicho en cualquier rincón del país: que políticos y policías son los cómplices preferidos del crimen organizado”, añade el documento.

Además “desnudan la corrupción que existe en las principales instituciones estatales y en los órganos de prevención del delito, lo que profundiza en la población un sentimiento de desamparo y descontento con las instituciones y aún más, cuando el poder Judicial y el Ministerio Público no tienen la capacidad o la voluntad de judicializar estos crímenes, burlándose de la legalidad”, precisa.

Rivera, quien detenido en Nueva York desde 2015, cuando se entregó a la justicia de EE.UU., también declaró, esta semana, que pagó sobornos entre 2013 y 2015 al diputado hondureño Antonio Hernández, hermano del gobernante Juan Orlando, para que el Gobierno agilizara una deuda pendiente con una empresa que esa organización criminal utilizaba para lavar dinero.

Todos los señalados por Rivera han negado sus acusaciones.

Cáritas considera que es “vergonzoso” que operadores de justicia de otros países hagan los que sus pares hondureños “no se han atrevido a hacer, porque en lugar de establecer la justicia y el derecho se han encargado de institucionalizar la impunidad”.

Las declaraciones de Rivera evidencia “el contubernio entre mafias, crimen organizado y políticos, la corrupción institucionalizada, el uso del poder para cometer crímenes y mantener intereses particulares es parte integrante del ejercicio de la política”, expresó la institución.

Ante este escenario, Cáritas pide “fortalecer” a los operadores de Justicia para disminuir los niveles de impunidad “accionando de manera inmediata en todos aquellos casos” en los que sean señalados políticos, empresarios y funcionarios por actos de corrupción o delincuencia organizada, añade el documento. EFE