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Patronal de Nicaragua cancela marcha para no poner en peligro a asistentes

Managua, 23 ene (EFE).- El sector privado de Nicaragua acordó este miércoles cancelar una manifestación prevista para mañana jueves, en Managua, a favor de una solución pacífica de la crisis que vive el país desde abril de 2018, después que la Policía les denegara el permiso para la manifestación.

Los organizadores “han tomado la decisión de suspender la convocatoria para evitar poner en peligro la vida e integridad de los asistentes”, señalaron en un comunicado conjunto el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (Amcham) y la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides), que solicitaron el lunes un permiso para marchar.

Sostuvieron que aunque están conscientes de que la manifestación es un derecho que la Constitución concede a todos los nicaragüenses, sin excepción, “no están garantizadas las condiciones de seguridad básicas para el desarrollo” de esa marcha.

La Policía de Nicaragua negó a los empresarios este miércoles el permiso de manifestarse en las calles, mañana jueves.

A través del jefe de la Dirección de Seguridad Pública, Olivio Hernández, la Policía decidió “no autorizar ninguna actividad que exponga a personas, familias o bienes, al peligro; que alteren el orden y los derechos sociales, y el derecho a la paz de las familias nicaragüenses, derechos del pueblo que la Policía Nacional defiende y protege en el país”.

Las marchas no oficialistas fueron prohibidas por la Policía Nacional desde el pasado mes de septiembre, cuando amenazó con encarcelar a quienes las promuevan.

Hernández basó la decisión policial en que “los solicitantes fueron partícipes en el golpe de Estado fallido de abril del año pasado”.

Según la Policía, los empresarios “actuaron delictivamente contra la Constitución Política de Nicaragua, pretendiendo cambios institucionales a través de la violencia y el terror”.

Asimismo, los acusó de haber promovido, incitado y ser responsables de los tranques o bloqueos de vías donde se torturó, violó y asesinó a nicaragüenses.

Además, la Policía advirtió que “todos estos delitos continúan siendo investigados por las autoridades competentes”.

La solicitud del sector privado y la respuesta de la Policía ocurren en medio de una crisis sociopolítica que inició en abril pasado, y que ha dejado cientos de muertos, presos y desaparecidos, así como miles de heridos y decenas de miles en el exilio, tras participar en protestas contra Ortega, quien afirma haber superado un intento de “golpe de Estado”.

La crisis que atraviesa Nicaragua ha dejado entre 325 y 561 muertos, y de 340 a 767 detenidos, según organismos humanitarios.

Ortega reconoce 199 muertos y 340 detenidos a los que llama “terroristas”, “golpistas” y “delincuentes comunes”. EFE

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