Plan de Gobierno de P.Rico de cerrar 265 escuelas choca con decisión judicial

El Diario de Juárez

Alfonso Rodríguez

San Juan, 15 jun (EFE).- El plan del Gobierno de Puerto Rico de cerrar 265 escuelas públicas por motivos presupuestarios choca con una decisión judicial que ha detenido la clausura de cerca de una decena de centros, causa de incertidumbre sobre un proyecto que busca ahorros millonarios.

Un juez se pronunció sobre dos demandas contra el Departamento de Educación por el cierre de escuelas y detuvo momentáneamente la clausura de nueve centros, un contratiempo para el plan del Ejecutivo que lidera Ricardo Rosselló que justifica la iniciativa por los cambios demográficos de los últimos años.

El Gobierno esgrime que debido a la emigración ininterrumpida que sufre la isla desde hace una década provocada por la profunda crisis económica no se pueden prestar todos los servicios que requieren los estudiantes en escuelas con escaso número de alumnos, dada la imposibilidad de asumir los costes financieros.

La entidad de control federal impuesta al Ejecutivo de la isla por el Congreso en Washington para dar salida al problema de una deuda de 70.000 millones de dólares impagable exige fuertes ajustes presupuestarios en todas las partidas, de los que no se escapa el Departamento de Educación.

Cuando en agosto de 2015 el Gobierno de Puerto Rico incurrió en el primer impago de su deuda pública dio comienzo a un proceso que desembocaría, en junio de 2016, en la aprobación de la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa, por sus siglas en inglés).

Esa ley con la que se pretende dar solución al colapso que se avecinaba por el impago estableció una entidad de control al Gobierno que exige un escrupuloso equilibrio entre ingresos y gastos, rigor al que no escapa un Departamento de educación que impuso el cierre de centros para cumplir con sus limitaciones de presupuesto.

El juez Santiago Cordero ordenó esta semana la paralización del cierre de tres escuelas en el municipio montañoso de Morovis.

Días atrás, el letrado había ordenado la paralizaran del cierre de otras seis escuelas como parte de otra demanda de la Asociación de Maestros de Puerto Rico.

El portavoz del gobernante Partido Nuevo Progresista (PNP) en la Cámara de Representantes de Puerto Rico, Urayoán Hernández, señaló a Efe que para determinar cuál el criterio del Departamento de Educación para cerrar las escuelas la asamblea legislativa investigará si la agencia pública cumplió con todos los procedimientos que prevé la Ley 85.

La Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico, comúnmente conocida como Ley 85, contiene un artículo que establece la autoridad que tendrá la secretaria del Departamento de Educación, la controvertida Julia Keleher, en cuanto la administración de las escuelas y varios criterios a cumplirse para determinar los cierres.

La Asociación de Maestros de Puerto Rico, la Federación de Maestros de Puerto Rico y otros sindicatos de docentes han denunciado la indiferencia de Keleher en cumplir con las disposiciones de esa ley.

Hernández explicó que con la iniciativa se trata de saber qué estándares se siguieron para cerrar las escuelas.

El legislador indicó que el paso dado por la Cámara de Representantes muestra la preocupación que existe por los niños puertorriqueños.

La presidenta de la Federación de Maestros de Puerto Rico, Mercedes Martínez, apuntó a Efe que la decisión judicial es un mensaje para la secretaria del Departamento de Educación.

Dijo que se trata solo del inicio de una serie de reveses que puede sufrir el Gobierno, dado que hay muchas otras vistas judiciales en municipios de toda la isla a causa de demandas contra el Departamento de Educación por entenderse que los cierres de escuelas son injustificados.

El Departamento de Educación defendió tras conocerse el fallo de Cordero que la consolidación de escuelas se realizó a tenor con las disposiciones de la Ley 85 y los poderes delegados a la secretaria, además de mostrar su rechazó a la determinación y solicitar la revisión de la misma.

Keleher anunció el pasado mayo la reducción de 283 a 265 del número de escuelas que cerrarán para el próximo año académico que comienza en agosto. EFE

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