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PNUD espera que Costa Rica discuta Ley de Armas con base en evidencias

Douglas Marín

San José, 26 feb (EFE).- El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) espera que la discusión legislativa sobre una polémica reforma a la Ley de Armas en Costa Rica se lleve a cabo con base en evidencias, en busca de un mejor control que beneficie la seguridad ciudadana.

“Esperamos una discusión seria, basada en evidencias, democrática, respetuosa; una discusión que más que intereses particulares tienda a conseguir intereses nacionales hacia la mejora de la seguridad ciudadana”, dijo este martes en entrevista con Efe el Oficial de Programas del PNUD y especialista en seguridad ciudadana y convivencia, Randall Brenes.

Costa Rica, un país sin Ejército desde 1948 y reconocido por su tradición pacifista, está inmerso en una polémica discusión entre el Gobierno, que pretende un mayor control de las armas de fuego, y un sector del Congreso que se opone.

“Si la discusión es seria y se basa en la amplia evidencia y experiencias internacionales abundantes, creo que la tendencia se dirigirá hacia una reducción en el número de armas en manos de particulares”, aseguró Brenes.

Según el experto, la discusión debe tomar como prioridad “la protección de ciertas poblaciones vulnerables a la violencia y la contención de focos de violencia que están afectando la calidad de vida”.

El proyecto de reforma a la Ley de Armas presentado por el Gobierno en busca de mayores controles, ha sufrido una serie de polémicos cambios en la Comisión Legislativa que la estudia.

El Gobierno planteó como máximo la inscripción de un arma de fuego por persona, pero los legisladores de la comisión aprobaron por mayoría un número de tres.

La otra gran polémica ha sido la eliminación de una prohibición a la tenencia de ciertas armas, incluidas semiautomáticas, de diversos calibres.

El proyecto prohibía “toda arma larga, revólver o pistola” que use los calibres 0.223, 5.56, 5.7X28, 7, 7.62X25, 7.62X39, 7.62X51 y 7.62X57, pero este artículo fue eliminado por la comisión.

El ministro de Seguridad, Michael Soto, ha criticado la eliminación de ese artículo, pues afirma que hay algunas derivadas de la AK-47 y la AR-15 que son “semiautomáticas con un potencial masivo igual que las automáticas”.

Entre los defensores de los cambios a la Ley se encuentra el diputado Gustavo Viales, del Partido Liberación Nacional, quien asegura que el problema que se debe atacar es el de las armas ilegales que utilizan los criminales.

Viales calificó de “irresponsable” al Gobierno por vincular la tenencia de armas legales con los homicidios.

En este sentido, el experto del PNUD dijo en la entrevista de este martes que está comprobada la existencia de “una relación entre la proliferación de armas y la violencia”.

“Hay alguna falacia en dividir armas legales e ilegales. Todas tienen un origen legal, todas las empresas hacen una primera transacción legal”, afirmó.

Al respecto, explicó que lo que deben haber son “buenos mecanismos de control para que se establezca en qué momento el arma pasó de la legalidad a la ilegalidad”.

“Si no controlamos el mercado legal no podemos controlar el mercado ilícito”, afirmó.

Brenes dijo que el Gobierno costarricense hace esfuerzos para atacar el mercado de armas ilegales, pero reconoció que estas acciones “deben fortalecerse”, así como la investigación.

Para el experto del PNUD, en Costa Rica también debería discutirse sanciones más severas a la tenencia ilegal de armas y para los delitos cometidos con armas de fuego.

Datos del Ministerio de Seguridad de Costa Rica indican que el 68 % de los homicidios durante el 2018 fueron cometidos con armas de fuego y que el mercado negro es alimentado “en una parte importante” por el mercado lícito.

En 2018 los cuerpos policiales de Costa Rica decomisaron 2.318 armas de fuego, un 13 % más que en 2017.

Para el experto del PNUD la inseguridad ciudadana es un “obstáculo fundamental” de los países para alcanzar el desarrollo sostenible, el respeto a los derechos humanos y para atacar la pobreza y la desigualdad.

La coordinadora residente de la ONU en San José, Alice Shackelford, aseguró recientemente en un comunicado que las armas de fuego “constituyen un factor principal de riesgo en la violencia” y están asociadas al 65 % de los homicidios en Latinoamérica. EFE

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