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Policía australiana niega que buscara intimidar a la prensa con los registros

Sídney (Australia), 17 jul (EFE).- La Policía australiana negó que buscara intimidar a la prensa con los recientes registros policiales a periodistas por la filtración de documentos confidenciales, lo que le ha generado críticas desde diversos sectores.

“No creo que haya sido una intimidación y no creo que era lo que intentamos hacer”, dijo el comisionado de la Policía Federal Australiana, Andrew Colvin, en una entrevista anoche en la cadena pública ABC, uno de los medios afectados.

La Policía federal registró a principios de junio la vivienda de la periodista del grupo News, Annika Smethurst, por una información sobre los planes del Gobierno australiano para dar más poderes a las agencias de inteligencia para espiar a sus ciudadanos.

Al día siguiente realizó un registro a las oficinas de la ABC en Sídney por la filtración de documentos vinculados a presuntos crímenes cometidos por las fuerzas de élite australianas desplegadas en Afganistán, que incluyeron la muerte de niños, utilizados en los llamados “Archivos Afganos” publicados por la televisión en 2017.

ABC denunció esta semana que la Policía pidió a la aerolínea Qantas los datos de viaje de Dan Oakes, que trabajó en los “Archivos Afganos” junto a Sam Clark, y buscó registrar las huellas digitales de ambos.

Colvin, quien confirmó que las investigaciones a los tres periodistas están temporalmente suspendidas por las demandas presentadas por News y ABC, se mostró a favor de la libertad de prensa pero defendió la actuación policial al invocar también el cumplimiento de la ley.

Los registros recibieron múltiples críticas, incluidas las de la presidenta de ABC, Ita Buttrose, que aseguró que fueron “diseñados para intimidar”, de medios internacionales como la BBC o abogados proderechos humanos como Amal Clooney, a la vez que impulsaron una comisión parlamentaria para analizar la libertad de prensa en el país.

Australia cuenta desde 2014 con una serie de leyes que criminalizan la divulgación de información vinculada a los intereses de Estado, tipifican nuevos delitos de espionaje y permiten el acceso a los metadatos de los ciudadanos, entre otras. EFE

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