Gómez Palacio, Dgo.— Una mujer identificada como Alma Dalila “N”, alias “La Lic.”, fue vinculada a proceso por su probable participación en el delito de extorsión agravada, luego de que presuntamente realizara llamadas telefónicas para exigir dinero a ejidatarios y agricultores a cambio del acceso al agua de riego.
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General del Estado de Durango (FGED), a través de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro (UECS), los hechos afectaron a un ejidatario que trabaja una parcela perteneciente al Ejido 6 de Octubre, dentro del Módulo de Riego número 5 de Brittingham, en Gómez Palacio.
Según los datos de prueba presentados ante la autoridad judicial, durante septiembre, octubre y noviembre de 2025, Alma Dalila “N” habría realizado diversas llamadas telefónicas a la víctima, asegurando que trabajaba para un hombre identificado como José Carmen “N”, alias “El Carmelo”, quien también se encuentra vinculado a proceso.
La imputada presuntamente le habría manifestado que tenía instrucciones de cobrar a agricultores y ejidatarios las cuotas correspondientes por el uso del agua para riego.
Las cantidades exigidas habrían llegado hasta 20 mil pesos por hectárea, y ante la negativa o imposibilidad de realizar los pagos, presuntamente se amenazaba con suspender el suministro de agua y obligar a los productores a vender sus cosechas bajo determinadas condiciones.
El caso habría escalado el 29 de noviembre de 2025, alrededor de las 10:00 horas, cuando dos personas acudieron directamente a la parcela del afectado para exigirle el pago correspondiente al agua de riego.
Ante las amenazas de causarle daño tanto a él como a su hijo, la víctima habría entregado 15 mil pesos en efectivo.
Las investigaciones realizadas por la UECS permitieron reunir elementos que relacionan presuntamente a Alma Dalila “N” con las llamadas y exigencias económicas realizadas a usuarios del módulo de riego.
Con los datos presentados por el Ministerio Público, un juez determinó vincularla a proceso por extorsión agravada y estableció un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.
La FGED informó que mantiene abiertas otras investigaciones relacionadas con hechos de naturaleza similar y exhortó a posibles víctimas a presentar su denuncia ante las autoridades correspondientes.
