Gómez Palacio, Dgo.— Por cometer dos robos en distintos domicilios de Gómez Palacio, Francisco Daniel Arriaga Cervantes fue sentenciado a 7 años, 2 meses y 21 días de prisión, además de recibir una multa de 57 mil 022 pesos, informó la Fiscalía General del Estado de Durango (FGED).
La sentencia se obtuvo mediante un procedimiento abreviado, luego de que el Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Delitos de Robo de la Vicefiscalía Región Laguna presentara ante el juez los elementos de prueba relacionados con los hechos.
De acuerdo con la investigación, el primer robo ocurrió el 14 de noviembre de 2025, alrededor de las 20:15 horas, en un domicilio ubicado sobre la avenida El Roble, en la colonia Ampliación Brittingham.
Según la Fiscalía, Arriaga Cervantes ingresó al inmueble y tomó dos sobres que contenían billetes de 500 pesos, con un monto total de 26 mil 500 pesos. Al ser descubierto por una de las víctimas, huyó del lugar.
El segundo hecho se registró durante la madrugada del 15 de noviembre de 2025, aproximadamente a la 1:40 horas, en un asentamiento del fraccionamiento Rinconada Bugambilias.
En ese sitio, el ahora sentenciado se apoderó presuntamente de una mochila rosa con negro que contenía 500 pesos en efectivo y una navaja de bolsillo marca Victorinox.
Sin embargo, fue sorprendido por el propietario, quien logró retenerlo hasta la llegada de los agentes policiales. Al momento de la detención, los elementos aseguraron diversas armas blancas y 54 billetes de 500 pesos, de acuerdo con el reporte oficial.
Posteriormente, el detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público para continuar con el procedimiento legal correspondiente.
Tras el procedimiento abreviado, el juez dictó sentencia condenatoria contra Francisco Daniel Arriaga Cervantes por el delito de robo agravado, cometido en perjuicio de dos hombres cuyas identidades se mantienen reservadas.
Además de la pena de prisión, deberá pagar una multa de 57 mil 022 pesos.
La Fiscalía General del Estado señaló que continuará con las investigaciones y acciones ministeriales para atender los delitos patrimoniales y llevar ante la autoridad judicial a quienes resulten responsables.
