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Políticas públicas y apoyos no deben ser paternalistas: CNDH

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) subrayó el deber del Estado de implementar políticas públicas integrales para proteger la organización y desarrollo de todas las familias mexicanas, cuyas funciones sociales son de la mayor trascendencia para la reconstrucción del tejido social, así como para garantizar el desarrollo de sus integrantes y el bienestar del país.

El fortalecimiento de las familias requiere políticas públicas integrales dirigidas a generar las condiciones propicias para que cuenten con los recursos y servicios adecuados para satisfacer las necesidades de sus integrantes; desarrollar un ejercicio presupuestario con enfoque de derechos humanos que tome en cuenta la opinión y demandas de las familias; crear programas de asistencia social modernos y no paternalistas, y generar políticas laborales para los sectores público y privado para facilitar la conciliación entre la vida laboral y la familiar.

De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (CONEVAL), de 2006 a la fecha no se observa recuperación alguna general en el ingreso de los hogares, en tanto que el INEGI reporta que 40.2% de viviendas con familias cuyos integrantes hablan alguna lengua indígena cuentan con agua dentro de la vivienda; en contraste, en viviendas sin integrantes de esa condición el porcentaje alcanza 77.5%.

La Encuesta Intercensal 2015 en México indica que hay 6.7 millones de jóvenes que son jefes de hogar, de los cuales solo 35.8% cuenta con vivienda propia, y el Índice de Paz en México 2018 revela que la tasa de violencia intrafamiliar en el país se incrementó 32% en los últimos tres años.

Por lo que la CNDH considera que los problemas estructurales como inseguridad, precariedad en el ingreso, violencia en todas sus manifestaciones, incumplimiento y violación de los derechos humanos, desigualdad de género, movimientos migratorios, desplazamiento forzado, tráfico ilícito de armas y drogas, entre otros factores, menoscaban los recursos y rebasan las capacidades de las familias  para cubrir las necesidades materiales, afectivas, morales y espirituales de sus integrantes de manera adecuada.

Externó que si las familias no cuentan con las condiciones mínimas para cumplir sus responsabilidades, el riesgo de que sus integrantes sufran violaciones a sus derechos humanos aumenta considerablemente. La desintegración familiar, la violencia contra niñas, niños y adolescentes, el abandono y maltrato a las personas mayores, el deterioro de la salud, la violencia sexual, física, verbal, económica y patrimonial, los feminicidios, entre muchos otros problemas, tienen repercusiones que afectan a quienes viven esas situaciones y a la sociedad en general.

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