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Ponente de iniciativa de amnistía en Guatemala dice que EEUU sí apoya la ley

Guatemala, 14 feb (EFE).- El ponente de la iniciativa de amnistía para los crímenes ocurridos en el conflicto armado de Guatemala (1960-1996), el conservador Fernando Linares Beltranena, indicó este jueves que, contrario a lo expresado por el Departamento de Estado de EE.UU., el país norteamericano sí apoya la reforma.

Linares Beltranena advirtió, en declaraciones a Efe, que el comunicado del Departamento de Estado donde Estados Unidos expresó su “profunda preocupación” por el avance de la iniciativa para establecer la amnistía no fue una publicación institucional, sino que fue realizada por “un funcionario”.

Pese a que el comunicado de prensa fue firmado por el portavoz del Departamento de Estado de EE.UU., Robert Palladino, el congresista guatemalteco Linares Beltranena aseguró que el secretario Mike Pompeo y el presidente Donald Trump “están a favor de la iniciativa”.

“El comunicado es del subdirector de Asuntos Públicos de la Secretaría de Estado, no es de su jefe (Mike Pompeo) ni del presidente Trump. Además, la mayoría del Congreso estadounidense y de las Fuerzas Armadas (de ese país) están a favor de los derechos humanos que se han violado desde hace 23 años (con la persecución penal de casos del conflicto)”, dijo Linares Beltranena.

Sin embargo, el comunicado del Departamento de Estado afirma que “Estados Unidos está profundamente preocupado por la propuesta de enmienda a la Ley de Reconciliación en Guatemala” porque “concedería una amplia amnistía a quienes perpetraron violaciones de los derechos humanos y abusos, así como a criminales y a convictos”.

En la nota se agrega que los juicios relacionados con este tipo de crímenes cometidos durante el conflicto que sacudió al país centroamericano durante décadas “restauraron la dignidad de los familiares de las víctimas e inspiraron un aumento de la confianza en las instituciones del Estado”.

Pero Linares Beltranena asegura que los casos -como el que llevó a juicio al exdictador José Efraín Ríos Montt, quien falleció en medio del segundo proceso por genocidio en su contra- “han sido un ejemplo de violación de derechos humanos”.

La Ley de Reconciliación Nacional de Guatemala entró en vigor tras la firma de los Acuerdos de Paz de 1996, que ponían fin a un conflicto iniciado en 1960.

Al respecto, el congresista reiteró que los compromisos internacionales firmados por Guatemala en materia de derechos humanos fueron posteriores a la Ley de Reconciliación Nacional, por lo que cuestionó que los delitos de desaparición forzada, tortura y delitos de lesa humanidad se persigan de manera “retroactiva”.

Otro de los diputados que apoya la iniciativa, Julio Lainfiesta, del partido Unión del Cambio Nacional, coincidió en que solamente fue “un funcionario” quien se pronunció contra la reforma a la Ley de Reconciliación Nacional y recordó que “Guatemala es un país soberano”.

Asimismo, aseguró a Efe que lo que buscan es la “reconciliación y no la polarización” a través de una “discusión técnica”.

Además del rechazo del Departamento de Estado y de organizaciones civiles nacionales e internacionales, el Consejo Nacional para el Cumplimiento de los Acuerdos de Paz fijó para el próximo 22 de febrero como parte de su agenda un espacio para conocer la iniciativa 5377, la cual ya fue rechazada por el propio Consejo el 5 de julio del año pasado.

El pasado miércoles, el Congreso debía conocer en segunda lectura la iniciativa de amnistía, pero la falta de quórum atrasó su discusión, que debe llegar a una tercera lectura para aprobarse o ser rechazada por el pleno.

La aprobación de esta enmienda pondría en jaque los 16 casos de violaciones a derechos humanos que el Ministerio Público (Fiscalía) ha llevado a tribunales, incluido el genocidio, desapariciones forzadas y violaciones sexuales, de los cuales 13 han alcanzado condenas, con 42 militares y un insurgente sentenciados.

El conflicto dejó unas 250.000 víctimas entre muertos y desaparecidos, además de más de un millón de desplazados internos, con el 93 por ciento de los crímenes atribuidos al Ejército y grupos paramilitares, el 3 por ciento a la guerrilla y el restante indefinido. EFE

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