Presentan observaciones para la atención de la violencia contra las mujeres

No se emitirá alerta de género para Durango

  • Se reúnen el Secretario General de Gobierno, Arq. Adrián Alanís Quiñones y la directora del IEM, Laura Elena Estrada, con el Lic. José Gómez Huerta Suárez, Director del área de CONAVIM, quien notificó de las observaciones al Gobierno del Estado.
  • Se cuenta con un plazo de seis meses para atender las observaciones señaladas
  • Se reconoce a nivel nacional la labor emprendida por el Gobierno del Estado a través del Programa Esmeralda para la atención de la violencia contra las mujeres

La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres notificó al Gobierno del Estado 13 observaciones para la atención de la violencia contra las mujeres, y no se emitirá la alerta de género para Durango, según lo dio a conocer el Lic. José Gómez Huerta Suárez, Director de Análisis Institucional y Políticas Públicas de la CONAVIM, al Secretario General de Gobierno, Arq. Adrián Alanís Quiñones y la Directora del Instituto Estatal de las Mujeres, Laura Elena Estrada.

Las observaciones deberán solventar en los próximos seis meses, periodo en el que se tendrán para subsanar la deficiencias y omisiones en la materia, por lo que se deberá poner especial atención en la implementación de protocolos en los casos de violencia contra las mujeres, las campañas de difusión sobre los Derechos Humanos de las Mujeres y lo que representa una vida libre de violencia, además de la capacitación y sensibilización para el personal, así como fortalecimiento de las acciones de prevención por parte de agentes del Ministerio Público, choferes, así como personal de la Secretaría de Seguridad.

En esta reunión, el Lic. José Gómez Huerta Suárez, destacó que se hizo un estudio y análisis de la situación que priva en la entidad, como parte de la solicitud recibida para la emisión de la alerta de género que se solicitó a partir del mes de abril del año pasado, donde se determinó que esta alerta no se emite para el estado de Durango y se tendrán seis meses para subsanar la deficiencias y omisiones.

Asimismo, el representante del CONAVIM destacó que en Durango se viven condiciones más favorables para las mujeres que en otras partes del país, como Veracruz, Tabasco, Estado de México o Chihuahua, donde se ha presentado una mayor incidencia en violencia contra las mujeres.

Por su parte, Laura Elena Estrada destacó que la solicitud de alerta no ha detenido la labor de todas las dependencias involucradas, actualmente se trabaja en el banavim, el banco nacional de datos sobre las víctimas a nivel nacional, y se impulsará aún más el grupo Esmeralda de Seguridad Pública, cuyos resultados fueron reconocidos a nivel nacional, por lo que se insistirá aún más en el rubro de prevención y atención a las mujeres y sus hijos en condiciones de vulnerabilidad.

Destacó que es propósito del Gobernador José Aispuro Torres que nuestra entidad sea el mejor lugar para nuestras mujeres, niñas y niños, por lo que desde el Gobierno del Estado se continúa con el trabajo en función de la transversalidad de género y de la aceptación por parte de las mujeres de una vida libre de violencia.

Para esto, se trabaja desde ahora en elaborar un Protocolo de Investigación del Delito de Feminicidio; la Fiscalía General de Justicia deberá iniciar una investigación conforme al principio de la debida diligencia respecto de las posibles situaciones de trata de personas y explotación sexual en el municipio de Tlahualilo; generar una estrategia de comunicación permanente intercultural, inclusiva e integral, encaminada a la prevención de la violencia en contra de las mujeres; Impulsar la modificación de la legislación analizada en los términos que se señala en el apartado respectivo, además de la codificación tanto penal como civil con la finalidad de que la legislación garantice el respeto y pleno ejercicio de los derechos humanos de las mujeres; garantizar el conocimiento y dominio del protocolo para la expedición y aplicación de medidas de protección para mujeres víctimas de violencia; garantizar el funcionamiento del Banco Estatal de Datos, para que todas las instancias y dependencias de la administración pública estatal obligadas por ley.

Asimismo, los programas para la atención de mujeres víctimas de violencia deberán atender perspectiva de género, derechos humanos de las mujeres, la debida diligencia en la conducción de las investigaciones y procesos judiciales relacionados con discriminación, violencia contra las mujeres, prevención de la tortura, trata de personas, desapariciones de mujeres, violencia sexual, violencia familiar y feminicidios, atención integral de las mujeres víctimas de violencia, violencia obstétrica, nuevas masculinidades, población LGTTTIQ, acompañamiento a las víctimas, NOM 046, lenguaje incluyente y no sexista, contención emocional del personal que atiende a las mujeres víctimas de violencia e intervención con agresores de mujeres; el estado debe crear las estructuras necesarias para implementar refugios o albergues para las mujeres víctimas de violencia y en su caso de sus hijas e hijos que atiendan de manera urgente ante el riesgo en que se encuentren; elaborar y/o revisar y articular las políticas públicas estatales para el empoderamiento económico de las mujeres, con el objetivo de garantizar que cuenten con perspectiva de género y mecanismos de evaluación.

También se instrumentará un Programa interinstitucional, multisectorial y multidisciplinario para erradicar los estereotipos de género y contribuir a la transformación de las normas sociales y culturales que propician la violencia, el abuso y la coacción sexual de los varones, que contenga mínimamente, diagnóstico, estrategias, acciones, responsables, indicadores de cumplimiento y criterios de evaluación de resultados e impacto; fortalecer a las instituciones involucradas en la prevención, atención, investigación y sanción de la violencia en contra de las mujeres; elaborar una política pública para garantizar el acceso de las mujeres al mínimo vital, en las comunidades indígenas de la entidad; y promover las condiciones necesarias para garantizar la seguridad de las mujeres y sus hijas e hijos en los espacios públicos, exhortando a los ayuntamientos municipales en particular a asignar recursos específicos para realizar estas acciones.