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Procesan a policía militar por asesinato en crisis postelectoral en Honduras

Tegucigalpa, 1 abr (EFE).- Un juzgado hondureño dictó formal procesamiento contra un policía militar acusado por la muerte de un ciudadano durante las protestas surgidas por un presunto fraude en las elecciones generales de 2017 de Honduras, informó este lunes una fuente judicial.

El portavoz del Ministerio Público en la ciudad norteña de San Pedro Sula, Elvin Guzmán, informó de la resolución contra el policía militar Denis Omar Cáceres.

Cáceres, quien seguirá preso en una unidad militar, es acusado por el asesinato del hondureño David Octavio Quiroz, el 15 de diciembre de 2017, durante una manifestación postelectoral en el sector de Guacamaya, departamento de Cortés, norte del país, agregó Guzmán.

El acusado fue detenido el 24 de marzo en las instalaciones de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) en el sector de Chamelecón, norte de Honduras, por agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), dijo a Efe el portavoz de la institución, Jorge Galindo.

Un grupo de hondureños, según la investigación, protestaba contra el presunto fraude electoral, cuando más de 60 policías militares llegaron al lugar para disolver la manifestación.

El policía militar acusado habría disparado con su fusil de reglamento contra Quiroz, quien fue trasladado a un hospital de la zona, donde horas después falleció.

Según un informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas de Derechos Humanos (Acnudh), divulgado en marzo de 2018, “por lo menos 22 civiles y un agente de la Policía Nacional murieron durante las protestas” en el período electoral.

El documento detalla que, del total, al menos 16 de las víctimas, entre ellas dos mujeres y dos niños, murieron violentamente a causa de balazos efectuados por las fuerzas de seguridad.

El informe documenta también la muerte de 15 personas, entre las que “figuran candidatos políticos, consejeros municipales y activistas”, en el período anterior a las elecciones de noviembre de 2017.

Destaca además que miembros de los cuerpos de seguridad de Honduras, en particular de la Policía Militar, “utilizaron una fuerza excesiva, incluso letal, para controlar y dispersar las protestas que estallaron tras las controvertidas elecciones presidenciales”.

En septiembre de 2018, el policía hondureño Olvin Fernando González fue arrestado por la muerte de un menor durante las protestas surgidas por el presunto fraude.

González, policía preventivo, es señalado como responsable de “haber dado muerte al menor Virgilio Jared Ávila González durante una manifestación postelectoral en diciembre” de 2017, según las autoridades.

Un diálogo nacional para buscar una salida a la crisis postelectoral se celebró entre marzo y diciembre de 2018 sin acuerdos entre las partes, aunque hubo 169 consensos en las mesas de diálogo, que giraron en torno a los temas de derechos humanos, reformas electorales y constitucionales, y los resultados de violencia pre y postelectoral.

La crisis política se derivó a raíz de que la Alianza de Oposición contra la Dictadura, cuyo candidato presidencial fue Salvador Nasralla, no reconociera las elecciones, en las que Juan Orlando Hernández fue reelegido presidente, aduciendo fraude.

El proceso se instaló con la coordinación de Naciones Unidas, el acompañamiento del Gobierno de España y la participación de representantes del Ejecutivo y del gobernante Partido Nacional; del opositor Partido Liberal, y de Nasralla, quien no reconoce a Hernández como presidente. EFE

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