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Procuraduría rechaza iniciativa para explotar tierras indígenas en Brasil

Río de Janeiro, 8 jul (EFE).- La Procuraduría General de la República se pronunció este lunes contra una propuesta de enmienda constitucional que tramita en el Congreso y que permite a los indígenas alquilar sus reservas a agricultores dispuestos a explotarlas en Brasil.

Según un parecer divulgado por la Cámara de los Pueblos Indígenas del Ministerio Público y remitido al Congreso, la iniciativa es “inconstitucional” y representa un “flagrante retroceso para los derechos de los pueblos indígenas” en Brasil.

La enmienda constitucional fue propuesta en 2016 por el diputado Nelson Padovani, un legislador del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), y, tras haber estado archivada por un tiempo, volvió a la pauta de la Cámara Baja debido a que atiende propuestas del actual presidente brasileño, el líder ultraderechista Jair Bolsonaro.

Según el organismo de la Procuraduría para defensa de los intereses indígenas, “al pretender regular la explotación de actividades agrícolas en territorios indígenas, la enmienda no tiene en cuenta la peculiaridad cultural de sus actividades productivas”.

El organismo agregó que la propuesta pretende restablecer una vieja política indigenista de la primera mitad del siglo XX en Brasil y por la que el Estado brasileño quiso convertir a la fuerza a los indígenas en agricultores.

El resultado de esa política, según el organismo, fue un genocidio reconocido por un informe oficial y que “describe violaciones a los derechos contra los indios en todo Brasil practicadas por funcionarios del Servicio de Protección al Indio y por latifundistas durante las décadas de 1940, 1950 y 1960”.

Para el Ministerio Público, la propuesta también representa una “grave violación a la autonomía de los pueblos indígenas”.

La enmienda en discusión en el Congreso permite que la estatal Fundación Nacional del Indio (Funai) expida licencias para la implantación de asociaciones agrícolas y pecuarias entre los dueños de las reservas y “brasileños que exploten esas actividades, conforme al interés nacional y de forma compatible con la política agropecuaria”.

Según el Ministerio Público, la enmienda “busca diluir los derechos constitucionales indígenas atacando sus modos de vida y subsistencia”. “La política agrícola es una cosa y el derecho indígena a la tierra es otra, y ambas no pueden ser confundidas”, según el parecer.

El rechazo de la Procuraduría a la enmienda se conoce dos semanas después de que un magistrado de la Corte Suprema suspendiera provisionalmente un decreto por el que Bolsonaro transfería las decisiones de demarcación de tierras indígenas al Ministerio de Agricultura, una cartera controlada por latifundistas.

La decisión constituyó otro traspiés a las políticas de Bolsonaro destinadas a frenar las demarcaciones indígenas y permitir la explotación de las reservas.

En sus primeros días de Gobierno, Bolsonaro firmó un polémico decreto que facilitaba el uso de tierras indígenas para actividades del agronegocio.

El decreto otorgaba la función de identificar, delimitar y crear nuevas reservas indígenas al Ministerio de Agricultura, comandado por Tereza Cristina Correa, una hacendada que coordinaba la bancada de los propietarios rurales en el Congreso.

Pero el Congreso sepultó la iniciativa del Ejecutivo y Bolsonaro sancionó un nuevo decreto para otorgarle la responsabilidad de las demarcaciones al Ministerio de Agricultura, cuya vigencia fue suspendida provisionalmente por la Corte Suprema. EFE