Próxima semana nuevo avalúo de daños por supercarretera

Será en los primeros días de la semana entrante cuando se tendrá el resultado del avalúo que se realizó a las tierras de los ejidatarios de Otinapa, lo cual permitirá que el Gobierno del Estado pueda destinar los recursos económicos necesarios para cubrir la indemnización a los propietarios afectados por la construcción de la autopista Durango-Mazatlán, informó el secretario Adrián Alanís Quiñones.

Al referirse a la situación que se presenta con respecto a los reclamos que realizan los ejidatarios, el secretario general de Gobierno puntualizó que solamente falta contar con los datos de avalúo que fue ordenado por la Procuraduría Agraria, para que se pueda resolver la situación que se presenta con estos propietarios de tierras donde se construyó la autopista.

Recordó que se trata de un problema que no inició en esta administración estatal, pues de hecho el tema de la indemnización a los ejidatarios de Otinapa, cuyas tierras fueron afectadas por la obra mencionada anteriormente, en el año 2004 cuando era gobernador Ismael Hernández Deras, “en aquel momento se realizó un avalúo para determinar  la indemnización que se cubriría a los propietarios de las tierras y los recursos para realizar este pago fueron depositados por Fifonafe. A pesar de esta situación, cuando se definió una indemnización por poco más de tres millones de pesos, no se resolvió la situación de los propietarios de las tierras en cuestión.

Ante esta situación, a pesar de que se realizaron dos avalúos de las tierras: uno elaborado por el gobierno estatal y otro por los ejidatarios, no se logró un acuerdo de pago debido a que había una gran diferencia en las cantidades que se proponían en ambos casos, por lo cual la Procuraduría ordenó un tercer avalúo, que será la base para que el gobierno estatal cubra la indemnización que por ley le corresponde a los propietarios de la superficie afectada.

Apuntó que se espera tener este dato durante lunes o martes, para que se pueda realizar el pago que le corresponde a los ejidatarios, el cual surgirá de los resultados de un avalúo que  los ejidatarios mandaron realizar con un perito que solamente ellos conocen, para luego manifestar que el Gobierno del Estado cumplirá con la parte que le corresponde en este caso, pues en ningún momento se ha buscado escamotearle ningún recurso a los dueños de las tierras.