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Que no se solicite residencia a candidatos migrantes

Propone Esteban Villegas reformas en materia electoral, aplicarían hasta el 2022
  • En el caso de presidentes municipales, síndicos o regidores

El diputado Esteban Villegas Villarreal presentó la iniciativa de reformas a la Constitución Política del Estado en materia electoral, con la finalidad de los duranguenses que quieran postularse como candidatos migrantes a presidentes municipales, síndicos o regidores, no se les solicite la residencia efectiva, siempre y cuando mantenga un domicilio en su lugar de origen.

Durante la sesión de la Comisión Permanente, señaló que con ello se busca dar respuesta a un reclamo justo de equidad, para lograr la participación una mayor política de los duranguenses migrantes, por lo que la iniciativa se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales para sus análisis.

“Es necesario y por razones de equidad y en fortalecimiento al reconocimiento del marco de derechos de los duranguenses migrantes, consolidar un punto de base desde la Constitución Local a fin de abrir la posibilidad de ser electos también como presidentes municipales, síndicos y regidores, tal como ya se prevé para el caso de legisladores locales”, puntualizó.

El legislador explicó que, en caso de aprobarse, sería aplicable hasta el año 2022, ya que el artículo 105 de la Constitución Federal dispone que las leyes electorales federal y locales deberán promulgarse y publicarse por lo menos 90 días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse y durante el mismo no podrá haber modificaciones legales fundamentales.

“Significa una importante reivindicación de los derechos de una parte significativa de la población que por diversas razones se ha visto en la necesidad de emigrar de su lugar de origen a otras latitudes, en una gran cantidad de ocasiones en busca de mejores condiciones de vida para ellos y sus familias”, destacó Villegas Villarreal.

Ante esta realidad, informó que se han consolidado leyes, organismos, instituciones y programas de apoyo y defensa de los derechos de los migrantes en todos los niveles de la administración pública del país, partiendo de su reconocimiento en los instrumentos legales nacionales y locales, sin obviar el cumplimiento del derecho convencional.