Estragos sin precedentes está causando en los distintos sectores sociales la paralización o quiebra económica generalizada de Durango, a pesar de los casi 30 mil millones de pesos recibidos en el año.
Algo por demás sospechoso ocurre en la administración estatal, cuyos responsables han salido a reconocer el “extravío” de más de seis mil millones de pesos, pero sin explicar nada, algo inconcebible que no sucedió nunca en la entidad.
Mientras redactamos la presente, distintos grupos comerciales, empresariales y productivos, el motor de nuestra economía, preparan acciones radicales para reclamar lo que adeuda el Estado a la industria, la banca y el comercio.
Francisco Esparza Martell, presidente de la Coparmex, el sindicato de patrones más importante de México, ha encendido las alarmas sobre las dificulades por que atraviesan las finanzas estatales.
“Tenemos que reaccionar en este momento, no esperar a que se vayan los actuales gobernantes y luego nos quedemos sin nada como en el sexenio pasado”, dijo.
Nosotros –replicó- no tenemos por qué financiar las tareas gubernamentales, y menos si existe desorden en los manejos administrativos que el mismo gobierno ha reconocido.
Estamos exigiendo que se nos pague ya, no en fin de año, sino ya. Son muchos millones de pesos que nos deben y nadie, absolutamente nadie sale a dar la cara y exlicar qué es lo que realmente sucede.
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Esta semana el Canal 10 de televisión, uno de los principales aliados eternos del gobierno, tuvo que editorializar los incumplimientos generalizados y señalar las consecuencias en los distintos sectores sociales. Puntualizó en los manejos educativos, donde se sospecha que se ha dado el más grande saqueo de la historia.
Tres días seguidos difundió información incómoda para la administración estatal, aunque de pronto vino el silencio de siempre, pero la molestia en la sociedad no cesa, está en plena ebullición.
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La nota de la semana, sin duda, pasa a ser la aplastante derrota sufrida por el presidente Donald Trump en los Estados Unidos, donde perdió el control del Congreso y, con ello, la realización de diversos proyectos.
Los hechos están frescos, todavía no sacan a flote los verdaderos sentimientos de los votantes, que están saturados de las vaciladas con que gobierna y los desaciertos incurridos en proyectos como el del ICE para expulsar a los indocumentados.
La nueva gobernadora de Texas, Gina Hinojosa, así como el nuevo senador James Talarico, han advertido que harán todo lo necesario para echar del estado a los agentes del ICE.
Otros gobernadores electos el martes pasado igualmente han advertido que no quieren al ICE y que se vayan lo más pronto que les sea posible.
Sin ignorar que fue precisamente la acción violenta de los agentes migratorios la que hizo crecer el rechazo a Trump y su gobierno.
No pocos creen que fue el talón de Aquiles de Donald, por el que se echó encima a la mayoría en la sociedad norteamericana, a pesar de la naturaleza discriminatoria de la gente en el vecino país.
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El único pero en todo esto de la arrastrada electoral que le obsequiaron a Trump es que, sigue siendo presidente, y lo será por más de dos años en los que tendrá el poder de veto y la expedición de nuevas reglas.
Habrá casos en los que las cámaras estarán por arriba de Donald, pero eso solo en casos extremos como violaciones flagrantes a la ley, pero de ahí en más, Trump seguirá teniendo todo en sus manos y, ya lo adelantó, que no piensa modificar mucho su plan de gobierno.
La soberbia del magnate norteamericano nunca le permitió ver y admitir el declive en su imagen, justo lo que empujó un crecimiento inusitado de los candidatos demócratas.
Trump dice que no estuvo en las boletas, pero que si hubiese estado, habría ganado y por mucho. No se ha quitado de la cabeza que le hicieron fraude en el que, incluso, estuvieron metidos algunos funcionarios de su gobierno, por lo que adelantó que habrá de despedirlos en el plazo breve.
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Esteban Villegas no ha cambiado de planes y la sociedad tampoco en cuanto a la estatua ecuestre del maestro Francisco Montoya de la Cruz. El gobernador encaprichado en llevársela a San Juan del Río y el pueblo a que no la muevan.
Francisco Rugo Montoya, hijo del escultor Francisco Montoya de la Cruz, se ha propuesto encabezar las acciones de inconformidad para que la magna obra siga donde se encuentra.
No le parecen suficientes las dificultades que padece la administración estatal como para abrir otro frente complicado con los duranguenses que consideran suya la obra.
Quién sabe por qué emperrarse a la sin razón, a llevarle siempe las contras al pueblo, porque el pueblo ya le dijo que no, que esa estatua es de los duranguenses, sobre todo los que aportaron su pedazo de bronce, en llaves o en otras formas.
Lo peor es que Villegas ha tomado como cosa personal el llevársela o dejarla, y ha llegado a la decisión de llevársela, moléstese quien se moleste.
Y, creemos, así no son las cosas. Hay que escuchar a Dios a través del pueblo, y Dios, nunca se equivoca. O pregúntenle a Donald Trump cómo le fue el martes pasado.
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No obstante la percepción de que la 4T busca por todas las vías proteger a la ex consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, ya le configuraron cinco delitos, todos pagables con cárcel y, no hay más opciones.
Muchos aseguran que está en los Estados Unidos, en Arizona, donde quedaría a la mano para los agentes de la DEA, la CIA, FBI y otros para que empiece a hablar.
Son muchos los involucrados en el saqueo al Instituto Nacional Electoral. La presidenta Claudia Sheinbaum señala a Lorenzo Córdova y precisa que desde hace 30 años venían saqueando al árbitro electoral.
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Paraguay está dando la nota por la clase de raterías que le descubrieron a su ex presidente Santiago Peña. Aquella es una nación en crecimiento, no tiene para darse esos lujos.
La cuestión es que Peña expropió prácticamente todo lo de valor que tenía el gobierno, lo invirtió en yates, residencias, vehículos de alta gama y otros en fiel copia de lo que pasa en México.
Peña no tuvo llenadera, como acá tampoco la tuvo Guadalupe Taddei y su clan en el que sobresale la presencia del gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, quien ayer, para colmo de males, hizo una rueda de prensa en la que explicó cómo está gobernando aquella entidad la familia Taddei, y en cuya mayoría de casos “todos fueron designados en función de su capacidad…”.
Vaia vaia, también en Sonora se cuecen bien las habas, porque igual que en todas partes, los gobernantes llegan al cargo a robarse lo que se pueda pero sin límites.
Muchos son los casos en los que los ratones de dos patas se ven en tal dificultad que no hallan cómo resguardar ese dinero, porque en la mayoría se trata de toneladas de billetes.
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El portero del Andorra, Jesús Owomo, jura que nunca quiso hacer daño al delantero del Tenerife, Jesús de Miguel, pero ha de estar tonto si piensa que cualquiera aguanta un golpe con la rodilla en el pecho.
Si le hubiera pegado con otra parte del cuerpo, la cabeza, los brazos, las manos o los pies, se le creería, pero su acción a media cancha no precisamente lo favorece.
Es que los porteros nada más pueden usar los puños y las rodillas dentro de su área, y la jugada criminal se dio prácticamente a media cancha.
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En México se están encarcelando más personas antes de demostrar su culpabilidad. Durante 2025, la prisión preventiva oficiosa aumentó 81% en las fiscalías estatales, mientras los delitos registrados disminuyeron casi 5%.
El INEGI revela una contradicción que merece atención: crece el uso de la cárcel sin sentencia, pero eso no demuestra que estemos resolviendo más delitos.
Hay algo que pocos conocen: en 2023, la CIDH condenó a México por mantener a dos hombres más de 17 años en prisión preventiva y ordenó modificar este sistema.
Sin embargo, en diciembre de 2024 ampliamos constitucionalmente los delitos que permiten encarcelar sin exigir una justificación individualizada del riesgo.
Hoy, cerca de 97 mil personas permanecen presas sin sentencia en los centros penitenciarios incluidos en el censo.
La seguridad exige detener a quienes representan riesgos reales, proteger a las víctimas y evitar que los responsables escapen. Pero la prisión preventiva es una medida cautelar, no una condena anticipada.
Si el Estado puede encarcelar sin demostrar todavía la culpabilidad, ¿no deberíamos exigirle, al menos, que justifique por qué esa persona necesita estar presa mientras la investiga?
