Seguridad y economía dominarán agenda de Congreso salvadoreño hasta el 2021

Agencia EFE

San Salvador, 1 may (EFE).- Los temas de seguridad y economía dominarán la agenda de los diputados salvadoreños que asumieron hoy la riendas del Congreso hasta 2021, y quedarán en segundo plano la deuda relacionada con los derechos de las mujeres y de legislación del agua que dejó la legislatura anterior.

Con la conformación de esta legislatura, en la que el 70 % de los votos quedaron en la derecha, se ven casi sepultadas las posibilidades de que en los próximos tres años se despenalice el aborto terapéutico, se apruebe una ley de agua que no permita su privatización y se repare a las víctimas de la guerra civil.

La mayoría de los diputados, incluidos los de la izquierda, mantuvieron este martes, durante la sesión de instalación de la nueva legislatura, el discurso de que impulsarían una agenda enmarcada en los dos principales problemas de los salvadoreños: la violencia y la economía.

José Almendáriz, diputado del Partido de Concertación Nacional (PCN), dijo a Efe que su formación se concentrará en una “agenda conocida por la población” en los “ejes” de seguridad, hacienda y salud, que son los “pilares” para traer “desarrollo, paz y tranquilidad”.

El PCN es, junto a la Alianza Republicana Nacionalista (Arena), uno de los partidos que resultó más fortalecido en las elecciones del 4 de marzo pasado, al pasar de 6 a 9 diputados.

Este crecimiento en el número de legisladores le permitió revivir una vieja alianza que mantuvo con Arena, que pasó de 35 a 37 escaños, y con la que privatizaron las pensiones, las telecomunicaciones e impusieron el dólar como moneda en circulación.

La diputada de Arena, Felissa Cristales, señaló a periodistas que su partido también pujará por mejorar las condiciones para las inversiones y los emprendedores, y que mantendrá su bloqueo a la despenalización del aborto.

Apuntó que los diputados de Arena votarán en “bloque” y que seguirán en contra de iniciativas que buscan despenalizar el aborto “por principios”, pese a que uno de sus exdiputados presentó una propuesta en octubre de 2017.

El diputado del PNC Roberto Ángulo dijo a Efe que existe la posibilidad de legislar en situaciones en las que peligra la vida de las mujeres para que los médicos no sean encarcelados por permitir un aborto.

Carlos Ruiz, diputado del gobernante Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), explicó a Acan-Efe que, pese a la pérdida de influencia en el Congreso, el partido de izquierda seguirá luchando para la aprobación de leyes referentes al agua y alimentación.

“La ley general del agua es una necesidad que no debe de llevar ningún elemento que indique la privatización”, sostuvo el diputado, y añadió que buscarán la aprobación de una iniciativa para garantizar el derecho a la alimentación.

Sostuvo que el FMLN sostendrá una “batalla por el desarrollo de una agenda que impulse los cambios necesarios para que el país siga avanzando en la ruta del crecimiento (económico) que favorezca a todos los salvadoreños”.

El FMLN perdió influencia en la toma de decisiones en el Congreso tras la derrota electoral del 4 de marzo, que lo dejó con 23 diputados, 8 menos que en la anterior.

La presidencia del Congreso fue asumida este martes por el excandidato presidencial en las elecciones de 2014 y exalcalde de San Salvador (2009-2015), Norman Quijano, quien se mantendrá en el puesto hasta el 31 de octubre de 2019.

La presidencia del órgano de Estado entre el 1 de noviembre de 2019 y 30 de abril de 2021 será encabezada por el diputado del PCN Mario Ponce, quien ha estado en el Congreso como legislador desde el 2012.

Esta legislatura dominada por la derecha elegirá a 4 jueces de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, magistrados de la Corte de Cuentas, al procurador general y de Derechos Humanos, y al fiscal general.

También deberán alcanzar acuerdos sobre la solicitud del Ejecutivo, en manos del FMLN, de la financiación 3.600 millones de dólares para amortizar la deuda soberana y renovar Eurobonos que vencen en 2019 y para cubrir el déficit fiscal del próximo año. EFE