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Señala CNDH rezagos en personas con discapacidad

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) subrayó que los más de 7.2 millones de personas con discapacidad en México deben dejar de ser vistas como objetos de caridad y asistencia para convertirse, verdaderamente, en titulares de derechos y obligaciones, respetando sus libertades fundamentales.

Destacó que limitar la atención a las personas con discapacidad a un modelo médico-asistencial es clara muestra de una visión equivocada y contraria al enfoque social y de derechos humanos, y puntualizó que esas personas enfrentan importantes rezagos en accesibilidad, acceso a la salud, al trabajo, educación, vida independiente, igual reconocimiento como persona ante la ley y participación política, entre otros campos.

Así lo expresó el ombudsperson nacional, Luis Raúl González Pérez, quien señaló que la atención a la discapacidad es transversal y abarca todos los sectores y órdenes de gobierno; comprende no sólo el tema médico, y cuando la situación de marginación de las personas con discapacidad hace necesaria la asistencia social, ésta debe proporcionarse bajo una perspectiva de derechos humanos.

Enfatizó que las entidades federativas y los municipios deben redoblar esfuerzos y redimensionar los programas, presupuestos y acciones para el disfrute de los derechos de las personas con discapacidad, para cumplir con las obligaciones del Estado mexicano.

González Pérez destacó que el Informe Especial sobre el estado que guardan los derechos humanos de las personas con discapacidad en las entidades federativas resalta la persistencia del modelo médico-rehabilitador en la estructuración e implementación de la política pública dirigida a dicha población y la falta de mecanismos de participación y consulta para que esas personas, sus familias y sus organizaciones se involucren en los temas que directamente les afectan.

González Pérez explicó que se debe empoderar a las personas con discapacidad y sus familias para que participen en todos los procesos de toma de decisiones que contribuyan a su inclusión y al desarrollo de políticas públicas transversales en el país.

También se manifestó contra la cultura de lástima que se aplica a las personas con discapacidad, pues debe trabajarse de manera colaborativa y transversal con todas las instancias gubernamental estatales y federales, para realizar ajustes para que las personas con discapacidad hagan efectivos sus derechos al empleo y a la accesibilidad; transitar fácilmente por las calles y tener acceso a oficinas.

Sostuvo que los derechos humanos no son buenas obras de los gobiernos, sino su obligación, y señaló que el principal objetivo es erradicar la discriminación y exclusión de las personas, por lo que para gobernar con legitimidad las autoridades deben tener un enfoque de derechos humanos, en favor de la inclusión, respeto y solidaridad de estas personas.

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