“Solo para Iniciados”, por Juan Bustillos

Meade se equivoca con la PGR y Anaya obligado a transparencia

La PGR en el caso federal, no está obligada a explicar sus decisiones a la sociedad, aunque se lo exija alguien tan importante como el candidato presidencial del PRI

Como declaración periodística es muy buena, pero cualquier abogado sabe (y José Antonio Meade estudió Derecho en la UNAM) que el Ministerio Público, es decir, la PGR en el caso federal, no está obligada a explicar sus decisiones a la sociedad, aunque se lo exija alguien tan importante como el candidato presidencial del PRI.

Caso concreto es el no ejercicio de la acción penal que favorece a César Duarte, el ex gobernador de Chihuahua, acusado de un sinfín de delitos.

Los únicos con derecho a ser informados son el beneficiario (Duarte) y los denunciantes para efecto, estos, de ejercer su derecho a inconformarse.

Todo lo demás que se alegue, como diría el priísta clásico, es demagogia.

Imaginemos que, en aras de la transparencia, un término hoy en boca de todo mundo, el Ministerio Público estuviera obligado a informar a la sociedad sobre las consignaciones y la solicitud de órdenes de aprehensión.

Sería maravilloso y los grupos sociales elevarían coros al cielo, sólo que la secrecía de la averiguación sería violada y los presuntos dejarían plantados a la policía, a los encargados de procurar justicia y a los jueces.

A vía de ejemplo, recordemos cómo se le vino el mundo encima al procurador general de la República, Alberto Elías Beltrán, cuando se le ocurrió ser transparente y ordenó la difusión del video de la visita a la SEIDO del candidato presidencial del PAN, PRD y MC.

Según la versión oficial, Elías Beltrán sólo quiso mostrar a la sociedad, como dice Meade, que la PGR dio buen trato al candidato, etcétera, pero su apego a la transparencia dio oportunidad a Ricardo Anaya de presentarse ante el pueblo de México como perseguido político cuando en realidad sólo se intenta probar si tiene vínculo con lavado de dinero.

Creo que el procurador nunca más será transparente.

Ignoro si Duarte el chihuahuense es culpable o inocente de los delitos de que se le acusa; de la misma manera no sé si el Ministerio Público que le concedió el no ejercicio de la acción penal violó la ley, es corrupto o simplemente se ajustó a las pruebas de quienes presentaron la denuncia.

De lo que ni tengo duda es que la parte acusadora tiene derecho a inconformarse si, según su opinión, el Ministerio Público favoreció ilegalmente al ex gobernador.

Pero en materia de procuración de justicia la transparencia tiene sus límites y nada obliga al MP a explicar sus actos; sólo procede ejercer el derecho del denunciante en un tribunal.

Por otra parte, Duarte, a quien un día sí y otro también le confiscan un rancho (imagino que por razones que tienen que ver con sus presuntas corruptelas) ya ha sido juzgado por la opinión pública.

Sin estar ante un juez es culpable de todo lo que lo acusa el gobierno de su sucesor, Javier Corral, como le ocurre a Ricardo Anaya al que, sin acusación penal de por medio, se le considera culpable de lavar unos 53 millones de pesos.

En aras de la mentada transparencia, quizá Anaya se vea obligado ahora a explicar el extraño caso de la falsificación de la firma del notario de Zapopan, Salvador Cosío, quien negó, conforme a la revelación del periódico El País, haber firmado documentos de la empresa “fantasma” Manhattan Master Plan, la misma que compró la bodega al candidato panista y que se constituyó en 2016 para realizar esta operación.

Supongo que el procurador nada dirá porque aprendió la lección de que a veces conviene no ser tan transparente.

Pero a Anaya si le conviene deslindarse, por obvias razones, de la falsificación de documentos notariales en la creación de la empresa que le compró la nave industrial, aunque, tal vez oteando el futuro, cuidara en el clausulado de la operación dejar constancia de que la parte vendedora se comprometió a “sacar en paz y a salvo a la parte vendedora en caso de cualquier infracción de su parte a cualesquiera de los ordenamientos relativo a la procedencia de recursos y lavado de dinero”, es decir, a él.