“Solo para Iniciados”, por Juan Bustillos

Premia el PAN a extorsionador

Hará diputado a Paulo Díez, quien busca fuero ante investigaciones en su contra

Por Juan Bustillos

El abogado Paulo Díez Gargari, un personaje famoso por su protagonismo mediático, que ha hecho de la extorsión su modus operandi, se encuentra en la antesala de obtener fuero y escapar a todas las investigaciones iniciadas en su contra gracias a la alianza que mantiene con los grupos que apoyan la candidatura del panista Ricardo Anaya.

Desplazando a militantes con mayores merecimientos, el litigante michoacano fue postulado por el PAN en la posición número 7 de la lista de candidatos a diputados federales por la Quinta Circunscripción a pesar de que toda su vida ha estado cerca de funcionarios priístas, con los que él y su socio, Pedro Topete, hicieron jugosos negocios y a los que, en los últimos años, no ha dudado en traicionar.

Díez Gargari fue funcionario del Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) y, en esos años, trabó una sólida amistad con personajes como Jaime González Aguadé, Virgilio Andrade, Gerardo Sánchez Henkel e incluso gente del primer círculo de Luis Videgaray, como el propio ex secretario de Hacienda, ex secretario de Desarrollo Social y hoy candidato presidencial del PRI, José Antonio Meade Kuribreña.

Siendo parte de ese círculo de relaciones era uno de los asistentes asiduos a las taquizas con las que Meade celebra, desde hace varios años, su cumpleaños.

Sin embargo, quienes lo conocen afirman que su identificación con el candidato Anaya es la coincidencia que ambos tienen por cuanto el pragmatismo que aplican a la hora de alcanzar sus metas u objetivos. No se detienen ante nada ni ante nadie; incluso, ni ante sus amigos.

El hoy candidato a diputado federal del PAN aprovechó sus relaciones con la “mafia del poder”, y las relaciones de su socio y jefe Pedro Topete Vargas, para allegarse negocios multimillonarios, casi siempre otorgados al finalizar sexenios.

Dos casos han sido suficientemente documentados por Revista IMPACTO: 1. El contrato que obtuvieron Pedro Topete y Paulo Díez en el Estado de México el 18 de marzo de 2011, unos meses antes de que terminara la administración del actual Presidente, Enrique Peña Nieto, a través de una empresa que constituyeron apenas tres meses antes y, 2, la “concesión” del tren Chiapas-Mayab, que también obtuvieron a finales del sexenio calderonista.

UN CORRUPTO AL CONGRESO

Paulo Díez, quien se autodenomina “paladín de la honestidad”, pero que, como candidato a diputado federal, ni siquiera ha presentado su declaración “3de3”, era uno más de los muchos abogados que utilizan sus influencias en los círculos de poder para lograr contratos y negocios.

El caso del Estado de México es paradigma de esta corrupción. Su socio, Pedro Topete, logró que funcionarios mexiquenses le adjudicaran de manera directa, es decir, sin licitación, un negocio valuado en 4 mil millones de pesos, a pesar de que la empresa no tenía ninguna experiencia, pues fue constituida apenas tres meses antes.

A través de dicha empresa, denominada Infraiber Tecnología Aplicada S. A., Topete Vargas se comprometió a instalar un Sistema Independiente de Verificación de Aforo Vehicular, Ingresos y Nivel de Servicio en todas las autopistas de cuota concesionadas a particulares en el Estado de México.

Tan era un contrato derivado de la corrupción que los funcionarios estatales acordaron el pago de 25 centavos por cruce o automóvil cuando, en el mercado, el valor de ese servicio no rebasaba los 5 centavos. Todavía más, el 30 de agosto del 2011, a escasos días de que acabara la administración, se le aumentó a 50 centavos y a una duración de 20 años.

Sin embargo, el contrato fue cancelado en 2013, durante la administración de Eruviel Ávila Villegas, por encontrarlo desventajoso para los usuarios de las autopistas y presentar varias irregularidades; la principal, no se había instalado ningún equipo de medición.

HONESTOS DE LA NOCHE A LA MAÑANA

Al ver perdido el jugoso negocio, Paulo Díez y Pedro Topete montaron una campaña de descrédito en contra, primero, del gobierno de Eruviel Ávila, a quien demandaron por la cancelación del contrato, pero, otra vez, sus relaciones políticas le sirvieron para orientar, de manera más efectiva, sus reclamos.

La versión expuesta por conocedores del tema que piden el anonimato es que fue en el círculo de relaciones de Paulo Díez desde donde se aconsejó responsabilizar a la empresa constructora OHL de la pérdida del contrato como medida de presión para recuperarlo.

La sugerencia, que, según la fuente, provino del círculo más cercano a Luis Videgaray, mataba, para decirlo coloquialmente, dos pájaros de un tiro: Por un lado atendían las preocupaciones de un viejo amigo y, por el otro, al principio del sexenio, limitaban el poder de una de las gentes más cercanas al Presidente Peña, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza.

La única explicación de que los señalamientos que empezó a lanzar Paulo Díez para atacar a OHL creyendo que pegándole a la empresa española iban a recuperar el contrato, eran atendidas con diligencia por dependencias oficiales como la PGR, la Secretaría de la Función Pública y la propia Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV); es este acuerdo logrado entre amigos entrañables, del cual había una sola víctima: Enrique Peña  Nieto.

La CNBV, dirigida entonces por Jaime González Aguadé, fue una de las herramientas utilizadas por Paulo Díez para extorsionar a OHL, pues la dependencia no sólo atendió sus querellas, sino que, en cierto modo, le dio la razón en algunos aspectos colaterales si bien el fondo de todos los expedientes fue resuelto a favor de la empresa española.

Pero eso no importaba: Lo que Paulo Díez quería era minar la credibilidad de OHL, presentarla como la empresa favorita del gobierno, y su agenda personal coincidía con quienes, embelesados por el poder, veían a Ruiz Esparza como un enemigo desactivado por el protagonismo mediático de Paulo.

Fue, justamente, ese protagonismo mediático de un abogado que denunció a OHL de mil y una cosas lo que convirtió a Paulo en una especie de “paladín de la honestidad”, pues logró pasar, de la noche a la mañana, de su condición de abogado de una empresa corrupta como Infraiber a un “defensor” de los intereses de la nación y enemigo declarado del sistema de concesiones.

UN HISTORIAL DELICTIVO

Pero este personaje al que el PAN va a hacer candidato no es una blanca paloma, ni siquiera por su identificación con el Opus Dei. O menos por eso.

Bajo el mismo modelo que el empleado en el Estado de México, Paulo y Pedro operaron para que, al final del sexenio de Calderón, un viejo conocido, Gerardo Sánchez Henkel, entonces subsecretario de Comunicaciones y Transportes, ayudara a reconocerles una ilegalidad, pasando, incluso, por encima de la Constitución.

Se trataba de otro negocio de rufianes. Sánchez Henkel tenía información, privilegiada, de que la empresa concesionaria del tren Chiapas-Mayab se encontraba a punto de renunciar, o devolver dicha licencia federal, debido a las condiciones de la vía tras el paso de varios huracanes en Chiapas. Y sabía que había recursos federales suficientes para rehabilitar los daños, así que invitó a su amigo Paulo Díez al negocio.

El abogado y su socio, Pedro Topete, consiguieron varios millones de dólares para comprar la empresa que había obtenido la concesión (la PGR investiga a Topete por lavado de dinero a raíz de esos recursos) y necesitaban de Sánchez Henkel para que, antes de irse, Felipe Calderón los reconociera como concesionarios, decisión que lograron a pesar de que la Carta Magna establece que las concesiones no pueden transferirse y que, como con Infraiber, tampoco contaban con la experiencia requerida en ese sector. Afortunadamente, la SCT determinó en 2017 anular la concesión.

TRAIDORES Y DESLEALES

El caso que retrata mejor el perfil humano del personaje que va a ser diputado federal del PAN en la próxima Legislatura es el que denunciaron las empresarias Guadalupe Gallego y su hija, Aranzazú Gayosso.

Doña Guadalupe confió en su amigo Topete y en el abogado de éste, Paulo Díez, el primero de los cuales se encuentra demandado en Estados Unidos por el robo de acciones de la Autopista Naucalpan-Ecatepec sobre el Río de los Remedios, la cual, después de obtenerlas mediante engaños y utilizando documentos falsos, vendieron a la Constructora ICA sin pagar ni un solo peso a sus verdaderas propietarias.

En el caso de los amigos que tratando de desactivar o inhibir el poder de un alto funcionario le dieron a Paulo Díez todas las facilidades para su campaña de descrédito y extorsión contra la compañía española, con el tiempo también fueron traicionados.

Fueron tres hechos concretos el año pasado y a principios de este: La denuncia que en plena campaña electoral del Estado de México presentó el abogado de Infraiber contra el candidato del PRI, acusándolo de desvío de recursos públicos para su campaña; la demanda contra el Gobierno federal, como representante del gobierno de Chihuahua, en el litigio de las participaciones federales y, recientemente, la acusación directa contra Enrique Peña Nieto y contra “el amigo de las taquizas” por el caso “Etileno XXI”.

De todo el affaire de ambiciones, agendas particulares y negocios millonarios sólo hay en realidad, una víctima. No es ni Luis Videgaray ni Virgilio Andrade, ni González Aguadé. Ni siquiera, aunque así lo creen algunos, José Antonio Meade. Al margen del daño que solos se infligieron algunos de éstos, la verdadera víctima de esta historia va a resultar Enrique Peña Nieto, a quien sus propios amigos y colaboradores afectaron protegiendo o haciéndose de la vista gorda ante las acciones que sistemáticamente llevaba a cabo Paulo Díez para dañar la imagen del gobierno.

Colofón: Con el fuero que el PAN le dará a un personaje siniestro, corrupto y defensor de corruptos, Paulo Díez no va a poder ser enjuiciado por los delitos que se investigan en su contra. Ni siquiera el de engañar al Mercado de Valores y generar un daño patrimonial considerable a empresas, accionistas e inversionistas.