“Solo para Iniciados”, por Juan Bustillos

Juego mediático de Paulo Díez, prueba de fuego para gobierno de AMLO

“Grupo Infraiber” y sus aliados políticos difunden la idea de que la globalización no conviene al país

Por Juan Bustillos

Declaraciones, nombramientos y anuncios de las políticas que impulsará el nuevo gobierno, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, en temas fundamentales, como la industria energética y la economía, han generado -basado sólo en sospechas- cierto temor en algunos sectores, en grupos interesados y en la opinocracia mexicana, respecto a una supuesta política “antiglobalización” y, más concretamente, anti-empresas extranjeras en el próximo sexenio.

Hasta donde se alcanza a ver no existen, hasta ahora, elementos sólidos que permitan anticipar que la llamada Cuarta Transformación del país se vaya a fincar en la demolición de instituciones que consagran las libertades sociales y económicas, o en meter reversa a un proceso en el que el país se insertó exitosamente, como es el de la economía abierta y global.

Ciertamente, no ha sido un proceso exento de inequidades, de injusticias, y tampoco ha servido para que seamos, de un día para otro, un país sin pobreza y sin desigualdades sociales, pero las bondades del proceso de mundialización son, sin lugar a dudas, mayores a los problemas que enfrentan naciones como las nuestras en su instrumentación. Tanto las empresas que se han asentado aquí como las mexicanas que han podido insertarse en economías tan lejanas, como China y Rusia, reflejan que la interdependencia es una tendencia

De modo que si hay indicios de que las cosas no se han hecho bien hay que auditar todo lo que se necesite auditar y hacer transparente todo lo que requiera serlo, pero creer que actividades normales de un gobierno como el que pretende encabezar López Obrador sean, en el fondo, un rechazo a la presencia de empresas extranjeras en el país, o una posición “antiglobal”, es un despropósito que no conviene a México ni al propio triunfador de las elecciones del 1 de julio, empeñado, como está, por hacer historia.

LA MANO QUE MECE LA CUNA

Una revisión del tema que se inserta, interesadamente, en la opinión pública durante las últimas semanas, para generar esa idea de que la globalización no le conviene al país y que las culpables de la crisis económica que padecemos son las empresas privadas, nacionales y extranjeras, arroja, como resultado, la existencia de grupos de interés que quieren generarle, desde ahora, problemas al futuro gobierno.

Es el caso, por ejemplo, del ya conocido “Grupo Infraiber”, que capitanean Pedro Topete Vargas y Paulo Díez Gargari. Estos personajes mantienen, desde hace más de cuatro años, un pleito mediático contra una empresa española que acaba de vender su filial Concesiones en México, y en otros países de América Latina donde se sigue el mismo modelo, a un fondo australiano de prestigio mundial llamado IFM Investors.

Las razones por las que vimos un día sí, y al otro también, a Paulo Díez criticar a esa compañía española deben estar, a estas alturas, muy claras para quienes van a ser los responsables del área de Comunicaciones y Transportes con López Obrador, particularmente el que va a ser secretario, el experimentado Javier Jiménez Espriú.

Es importante, para ellos, empezar por saber que un fondo de pensiones del tamaño de IFM Investors no puede arriesgar su inversión si no confiara, primero, en las instituciones del país; segundo, en la transparencia de todos los contratos de concesión carretera firmados por el gobierno de México con la empresa que se las vendió y, tercero, en el potencial de México como país para seguir haciendo negocios que ayuden a los mexicanos a contar con infraestructura de calidad para el desarrollo.

Esos elementos desmontan la campaña mediática que emprendieron Topete y Díez para presentar a una compañía ibérica como la encarnación del mal. Sin contar otro elemento adicional, en el fondo, Infraiber lo que hacía al denunciar supuestas irregularidades era presionar para que el gobierno mexicano le restituyera un contrato valuado en 4 mil millones de pesos.

Y es que el dueño y el representante legal de Infraiber no tienen autoridad moral para denunciar supuestos hechos de corrupción cuando esa empresa obtuvo su primer y único contrato de toda su vida legal apenas transcurridos los tres primeros meses de su creación. Es decir, es una empresa que nació como necesidad de una trama corrupta, amén de que las tarifas que funcionarios mexiquenses le autorizaron para el servicio estaban por encima, hasta en 150 por ciento, de los costos normales del mercado. Cuando el ex gobernador Eruviel Ávila se dio cuenta del atraco ordenó cancelar el contrato y Topete responsabilizó a los españoles de su tragedia. Ahí comenzó la historia.

LA AGENDA DE INFRAIBER

Lo que sí es cierto es que tras la campaña multimillonaria de ataques a la empresa Ibérica se ha generado, en algunos sectores, una especie de sentimiento anti-extranjero y contrario a la globalización, pero han sido prácticamente los mismos interesados, el “Grupo Infraiber” y sus aliados políticos y mediáticos, quienes han insistido en hacer crecer el tema como vía evidente para presionar a que el gobierno de Morena tome una definición o se incline por la percepción creada todo este tiempo.

De este modo, lo que Paulo Díez y Pedro Topete están haciendo es montarse en la ola de nombramientos y definiciones políticas de las futuras autoridades para tratar de sacar su propia agenda. La nueva campaña mediática de estos personajes está dirigida a cuestionar la globalización a través de lo que han demostrado que saben hacer, generar sospechas, ahora en contra del proyecto Etileno XXI, una planta industrial líder en Latinoamérica ubicada en Coatzacoalcos.

Lo hacen así porque vieron que su primera incursión mediática propició -además del daño patrimonial y la caída en el precio de las acciones de la empresa atacada- la idea de que otorgar contratos a extranjeros es desventajoso para el país. Por eso se lanzan contra las compañías que invirtieron alrededor de 5 mil 200 millones de dólares, recurso que fue posible conjuntar sólo con el apoyo de 17 bancos nacionales e internacionales, comerciales y de desarrollo, lo que habla de la seriedad del proyecto.

Nadie estaría en contra de que las nuevas autoridades revisaran contratos y auditaran a Etileno XXI. Es más, sería lo más conveniente para librar de las sospechas a la familia del ingeniero Jiménez Espriú, propietaria de la firma mexicana Idesa, asociada con capital extranjero en ese proyecto y que ha sido insertada, perversamente, por “Grupo Infraiber” en sus intervenciones mediáticas.

Esto último debería ser un motivo de preocupación para el nuevo gobierno. Lo que está buscando Infraiber al crear sospechas en torno a un funcionario de López Obrador es pavimentar futuras declaraciones en donde “los malos” de la película ya no serán los peñanietistas de este gobierno, sino los que gobernarán a partir del 1 de diciembre próximo.

Por eso es importante tener claridad de las verdaderas motivaciones que tienen personajes como Paulo Díez, que se adueñan de espacios en medios para hablar de corrupción cuando ellos mismos y sus empresas son prototipo de lo que cuestionan. Así que el nuevo gobierno bien haría en revisar todo lo que se tenga que revisar con empresas nacionales y extranjeras sobre la base de que nadie debe atentar contra la riqueza y el presupuesto del país, pero no nada más las empresas españolas, o las australianas, o Higa o ICA. También Infraiber.

En Morena deben saber que lo que han hecho Pedro Topete y Paulo Díez para detener investigaciones en su contra, las cuales van desde extorsión hasta daño moral; engaño al mercado de valores y lavado de dinero, es acudir, permanentemente, a medios a denunciar la corrupción “del mal gobierno”. Ese camino lo han utilizado y piensan seguirlo recorriendo. Habría que ponerles un alto a esos extorsionadores.

LA OBSESIVA CAMPAÑA CONTRA OHL

Paulo Díez es el único empleado que ha tenido la empresa Infraiber desde que se constituyó en 2010, pero a pesar de que le debe pagar una cantidad millonaria por representarla, la empresa no registra ingresos y declara en cero sus impuestos quizá porque el negocio del Estado de México que les canceló el entonces gobernador Eruviel Ávila es el único contrato que ha tenido en toda su vida legal.

Sin embargo, que la empresa esté en quiebra no es impedimento para que su abogado pague costosas campañas mediáticas y salga, casi todos los días, a medios de comunicación a declarar sobre un tema exclusivo: Las concesiones de OHL. El único cambio en su discurso se registró por una razón ajena al propio Paulo Díez: La empresa española vendió al Fondo Australiano de Pensiones FMI Investors su área de concesiones, así que ahora son dos empresas en un mismo paquete, la que se fue y la que llegó a invertir en México su dinero.

Frente a esta situación, Díez Gargari ha endosado a IFM Investors y a la nueva empresa llamada Aleática todas las denuncias que en el pasado presentó contra OHL y que las autoridades que las han investigado por la presión mediática desatada por este personaje, a falta de pruebas, han desechado de plano, pero la obsesión de este personero de Pedro Topete no tiene límites.

El jueves 2 de agosto, en un periodo de una hora con 20 minutos, lanzó tres tuits que sorprendieron a propios y extraños por rozar los linderos de la locura. Y es que los niveles de desesperación son tan elevados, sobre todo porque sólo una periodista se ocupa de sus dichos, que sólo hay tres explicaciones: Paulo Díez se quiso hacer el chistoso, estaba ebrio o, de plano, necesita de ayuda psiquiátrica urgente.

En dichos tuits, que recibieron puntual difusión de los bots con los que ha hecho crecer, artificialmente, su cuenta de Twitter, cuenta una historia fantasiosa para tratar de que en el imaginario colectivo nacional siga latente el cuento de que las empresas extranjeras, y la española y la australiana en particular, son lo peor que le puede haber pasado a México porque representan al priismo, a la corrupción y al “Grupo Atlacomulco”.

Lo que pierde de vista Paulo Díez es que Andrés Manuel López Obrador ya debe estar tomando nota sobre todo a partir de que nadie cuestiona o quiere impedir que se auditen los contratos que tengan que auditarse, pero lo que no se vale es gritar “al ladrón, al ladrón” cuando la historia de Infraiber, hasta nuestros días, sigue impune.