“Solo para Iniciados”, por Juan Bustillos

Se equivocaron con Hidrosina; no es huachicolera

Todos estamos de acuerdo con la guerra contra los huachicoleros, pero, como dice el Presidente López Obrador, debe ser con la ley en la mano, sin fabricar culpables

Por Juan Bustillos

A Pablo Larios, por su amistad y tantas emociones y alegrías que nos dio en el Puebla

Lo dicho: El Presidente López Obrador debe jalar orejas en su gobierno para que algunos de sus colaboradores no echen a perder las mejores de sus acciones ni den motivos que desacrediten su guerra contra la corrupción.

Parecía que el gobierno, por fin, tenía un pez gordo de cuello blanco (en realidad varios) para presumir la efectividad del combate al huachicol, sin embargo, resultó que la presa (las presas) no están inmiscuidas en el delito y que, además, el pescador, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), incurrió en una violación constitucional.

Poco después de iniciada la segunda quincena de enero fueron bloqueadas las cuentas bancarias de la empresa gasolinera conocida como Hidrosina, propietaria de poco más de 200 expendios de combustible diseminados por todo el país, pero el miércoles 29, un juez concedió un amparo provisional a William Jorge Karam Kassab y socios.

Nadie dijo que el bloqueo de las cuentas tuviera origen en la sospecha o certeza de que la empresa expendiera huachicol, pero no era necesario proclamarlo. Todos los elementos estaban dados para suponer, en el contexto de la guerra contra los huachicoleros, que si las cuentas fueron bloqueadas es porque Hidrosina negociaba con combustible obtenido de manera ilegal.

La cuestión es que, conforme a la Ley General de Operaciones Financieras, la Unidad de Inteligencia Financiera sólo puede bloquear cuentas bancarias a petición de un gobierno extranjero, y el Ministerio Público, sea local o federal, tampoco puede asegurar cuentas de manera directa; sólo puede hacerlo a través de un juez de control.

En otras palabras, todo indica que el bloqueo de las cuentas bancarias de Hidrosina fue una medida inconstitucional, y por esa razón obtuvo una suspensión provisional.

El próximo jueves 7, el juez determinará si la suspensión provisional que concedió se convierte en definitiva. Es probable que así ocurra porque hay jurisprudencia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Hidrosina emitió un comunicado cuidando no relacionar el bloqueo de sus cuentas con el huachicol, sin embargo, establece que todas sus ventas “provienen del producto que adquirimos de Petróleos Mexicanos, lo cual está legalmente documentado, incluso ante las autoridades fiscales”.

O lo que es lo mismo, no adquiere, a bajo precio, combustible robado para venderlo caro a sus clientes.

Es decir, no es huachicolera y por ello está en “absoluta disposición” de coadyuvar en las investigaciones y aclarar cualquier cuestionamiento sobre el origen de los productos que comercializa”.

Más aún, Karam dice reconocer el combate del gobierno contra el mercado ilícito de hidrocarburos.

El gobierno tendrá que afanarse para exhibir a un huachicolero de cuello blanco que dé un buen marco a la guerra contra los ladrones de combustible porque por ahora no lo tiene… aún.

Por cierto, en las especulaciones sobre los propietarios de Hidrosina se dijo que Karam fue socio de Javier Duarte, el ex gobernador de Veracruz preso por la escandalosa corrupción que impuso en su mandato.

Lo cierto es que Moisés Mansur, el prestanombres de Duarte, compró acciones de una gasolinera de Hidrosina ubicada en Veracruz.

En su momento, el entonces director de la UIF, Alberto Bazbaz (que terminó el sexenio como director del Cisen), presentó la denuncia correspondiente porque Mansur usó dinero del erario de Veracruz para ingresar a la sociedad.

En la investigación, Hidrosina dijo desconocer el origen del dinero; pidió el regreso de las acciones adquiridas por Mansur para entregar, a cambio, la inversión al gobierno de Miguel Yunes.

No hubo siquiera ejercicio de la acción penal, pero, además, la UIF emitió un escrito aclarando que Karam y compañía ignoraban que Mansur usó dinero público para comprar las acciones.

Todos estamos de acuerdo con la guerra contra los huachicoleros, pero, como dice el Presidente López Obrador, debe ser con la ley en la mano, sin fabricar culpables.