“Solo para Iniciados”, por Juan Bustillos

La juez Ortega Plata y el pacto de impunidad

Para Andrés Manuel López Obrador sería mancha imborrable el supuesto de que para ganar se vio en la necesidad de acudir a expedientes nada democráticos

Por Juan Bustillos

Sólo faltaba que el Poder Judicial, subordinado o no a la Cuarta Transformación, o respondiendo a consignas dictadas por Humberto Castillejos, amo y señor de la red que el ministro presidente Arturo Saldívar tardará años en pulverizar, ofrezca indicios que den la razón a quienes gustan afirmar que entre el actual y el anterior gobierno se entabló un pacto de impunidad a cambio de no entorpecer el triunfo de Andrés Manuel López Obrador.
Porque conozco a Enrique Peña Nieto (hasta donde es posible conocer a quien lució sobre el pecho la banda tricolor) me he resistido a aceptar que hubiese entablado con López Obrador el pacto de impunidad en el momento en que se convenció de que no tenía futuro el experimento de postular a un candidato presidencial que no hediera a priísmo, José Antonio Meade.
Todavía mandatario, Peña Nieto recorrió redacciones de prensa escrita, radio y televisión en una ronda de entrevistas de despedida de su mandato. En algunas explicó la derrota de su partido en julio de 2018, aduciendo que en 2012 fue él quien ganó, pues ya desde entonces el PRI estaba herido. No entró en detalles, pero quizás se refería a la fractura ocasionada por la lucha entre Roberto Madrazo y Arturo Montiel.
Una manera diferente de decir lo mismo es que el PRI estaba destinado a la derrota, quien fuera su candidato.
La sospecha de la existencia del pacto de impunidad la sembró el candidato panista Ricardo Anaya, en respuesta a la campaña de la PGR de Alberto Elías Beltrán para implicarlo en lavado de dinero con la compra-venta de una nave industrial en Querétaro. Lo más recordado de su discurso fueron sus amenazas, reiteradas, de que metería a la cárcel a Peña Nieto.
Aún en el último momento, cuando reconoció el triunfo de López Obrador, Anaya insistió en denunciar la existencia del pacto de impunidad. En ese entonces parecía que, aún en su condición de perdedor, mantendría el control del PAN. No ocurrió, de la misma forma que pasó a Francisco Labastida cuando el PRI perdió la Presidencia por primera ocasión, de tal suerte que todo quedó en amenazas.
Sin embargo, los priístas sobrevivientes a la masacre de julio de 2018 tienen la seguridad de la existencia del pacto; no se explican de otra manera la postulación de un no priísta y la parálisis partidista en campaña y en las urnas.
Sus sospechas se fortalecieron con la insistencia de López Obrador de agradecer a su antecesor el no haber utilizado la fuerza del Estado mexicano para impedirle llegar a la Presidencia.
Cualquiera que se dedique a la política, o a observarla, sabe del poder del Estado mexicano. El Presidente López Obrador no entró en detalles, pero cuando agradecía a Peña Nieto pudo referirse a robo de urnas, lo más elemental, pero también a lo más extremoso, enfermarlo, en el mejor de los casos.
Lo cierto es que los agradecimientos del Presidente a su antecesor, reiterados, como ya señalé, por no meter las manos para evitar el cumplimiento del único anhelo que lo mantuvo en movimiento durante 18 años sólo avivó las suspicacias del priísmo sobreviviente y de los observadores. Nadie les quitará de la cabeza que sí hubo pacto.
Pero es ahora que una jueza de distrito, Luz María Ortega Plata, es quien ofrece elementos para sospechar, por un lado, que existió el pacto y, por el otro, que el Poder Judicial ya se rindió ante el Ejecutivo, o que algunos de sus integrantes siguen escuchando la voz del amo Castillejos.
La juez Ortega Tlapa rechazó la solicitud del ex director de Pemex de citar a declarar como testigos, en el caso de Agronitrogenados de México, al ex Presidente Enrique Peña, al ex secretario de Hacienda, Luis Videgaray, y a ex funcionarios que integraban el Consejo de Administración de la Empresa Productiva del Estado, encabezada por el entonces secretario de Energía, Pedro Joaquín Codwell.
Su negativa se basa en la inexplicable decisión de alguien tan experimentado, como el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, de solicitar orden de aprehensión contra Lozoya sin darle oportunidad de ofrecer sus datos de prueba, lo que ocasionó una violación a los principios del Sistema Penal Acusatorio, pero más allá del debate jurídico, lo que queda a merced de la especulación es si la juez Ortega Tlapa actuó conforme a derecho o se concretó a satisfacer una consigna, proveniente del actual gobierno o de quien impulsó su carrera en el Poder Judicial.
Lo cierto es que su resolución de desechar el testimonio no necesariamente sólo del ex Presidente, sino de Luis Videgaray y de otros miembros del Consejo de Administración de Pemex, por ejemplo, permite sospechar que este gobierno está cumpliendo algún compromiso con el anterior.
Es decir, que Anaya no andaba tan errado cuando se consideró víctima de una conspiración.
Lo peor que puede pasar al ex Presidente es que cuestiones circunstanciales fortalezcan la sospecha de la existencia del pacto, pero para López Obrador sería mancha imborrable el supuesto de que para ganar se vio en la necesidad de acudir a expedientes nada democráticos, como pactar con el rival una derrota anunciada.